Izquierda Plural pide que el Congreso vote la dimisión de Fernández Díaz

Estas tres formaciones han aprovechado la moción consecuencia de la interpelación que formularon a Fernández Díaz el pasado miércoles sobre la criminalización de las protestas sociales para incluir un punto en el que condenan los sucesos de Ceuta e invitan a la Cámara a demandar la dimisión del ministro. El debate de la moción está incluido en el orden del día del Pleno de este martes, aunque el momento de su votación está supeditado al desarrollo de la sesión.

"El Congreso de los Diputados hace pública su condena de los trágicos hechos ocurridos el día 6 de febrero en la frontera entre Ceuta y Marruecos que han conllevado la muerte de un mínimo de diez personas, expresa su convencimiento de que suponen una clara vulneración de los Derechos Humanos y considera que la gravedad de lo ocurrido debería conllevar al dimisión inmediata del ministro del Interior", reza el texto registrado por Izquierda Plural.

En la interpelación que el portavoz de Interior de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, dirigió a Fernández Díaz el miércoles, no mencionó la tragedia de Ceuta y se centró criticar la "desproporcionada" actuación policial en algunas manifestaciones ciudadanas.

INVESTIGAR LAS EXTRALIMITACIONES

Después, durante la comparecencia del ministro en la comisión parlamentaria del ramo para hablar específicamente de los que ocurrió en Ceuta, Sixto pidió el cese del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por su "papelón" en este tema y por contenido y el tono de las declaraciones en las que avanzaban la interposición de querellas criminales contra quienes "difamasen" la actuación del Instituto Armado en el Tarajal.

Durante esa comparecencia Jorge Fernández detalló que en total los fallecidos fueron 11 personas, que todas perecieron en territorio marroquí, que la Guardia Civil disparó pelotas de goma y cartuchos de fogueo hacia el agua aunque no a menos de 25 metros de los inmigrantes. También admitió que se devolvió sobre la marcha a Marruecos a 23 personas que lograron alcanzar la playa porque no superaron el cordón policial allí desplegado y por tanto, no se considera que entraran en territorio español.

En su moción, la Izquierda Plural también insta al Gobierno a tomar medias que faciliten el establecimiento de un procedimiento de "investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las delegaciones del gobierno y, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan".

Asimismo, reclaman que se adopte a la mayor brevedad posible "las medidas para garantizar la prohibición total del uso de escopetas de pelotas de goma" por parte de las Fuerzas de Seguridad.

NO AL CÓDIGO PENAL NI A LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Además, la Izquierda Plural reclama la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como del nuevo Código Penal, que ya se está tramitando en el Congreso por considerar que ambos restringen los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos.

En otro de los puntos de su iniciativa piden paralizar los expedientes sancionadores abiertos en manifestaciones contra ciudadanos que participaron pacíficamente en las mismas o que ni siquiera tomaron parte en las protestas y poner fin a las "listas negras" de manifestantes. También solicitan la elaboración de un protocolo concreto que "regule y acote" las intervenciones policiales en las concentraciones.

Respecto a la correcta identificación de los agentes policiales, IU-ICV-CHA demandan que se les obligue a ir identificados de forma "clara y visible", que faciliten su número de placa si se lo pide un ciudadano, tipificando como falta disciplinaria el negarse a hacerlo, y que se garantice que las identificaciones y cacheos "se reduzcan a las previsiones legales evitando su uso con fines intimidatorios".

Otras de su peticiones versan sobre la instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales, así como sobre la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales.