Interior admite que hubo que "forzar el ordenamiento jurídico" para encarcelar a quienes causaron los destrozos en Barcelona

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admitido ante el Congreso que "ha habido que forzar el ordenamiento jurídico" para poder ingresar en prisión al alguno de los responsables de los destrozos causados en Barcelona en las algaradas callejeras del día de la huelga general, un hecho que a su juicio viene a justificar la necesidad de la reforma legal que patrocina para aumentar las penas mínimas que conllevan cárcel.

En su comparecencia ente la Comisión de Interior para informar de las cifras de criminalidad de España, Fernández Díaz ha señalado que en los últimos tiempos se están viendo "técnicas de guerrilla urbana" en torno a manifestaciones legítimas que requieren una respuesta jurídica adecuada.

Según ha dicho, tras los graves incidentes de Barcelona durante las movilizaciones de la huelga general del 29 de marzo, cuando la juez encargada decide decretar prisión provisional para tres de los detenidos, "entre otras cosas por incendiar una cafetería que podría haber acabado en una catástrofe y por agredir a los bomberos, ha habido un debate jurídico sobre si se podía o no decretar prisión provisional".

NO HAY UNA RESPUESTA JURÍDICA ADECUADA

"Ha habido que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona", ha reconocido en otro momento de su comparecencia. "Si la pena mínima no es de dos años, la prisión provisional es jurídicamente cuestionable y para esta conducta ahora es de un año, con lo que el ordenamiento no da respuesta adecuada", ha detallado después ante los periodistas.

Todo ello le ha permitido subrayar la necesidad de su reforma legal que anunció hace semanas para subir el mínimo que permite decretar prisión provisional, aunque siempre dejando la última palabra al juez. "Tenemos el deber de dotar de los instrumentos necesarios para que esas personas no puedan actuar impunemente", ha insistido.

No obstante, Fernández Díaz ha hecho hincapié en que su propósito no es cercenar el derecho de reunión y de manifestación, pues sería "ir contra la esencia de la Constitución", sino que se trata de "garantizar mejor" el libre ejercicio de esos derechos. "Ni buenismo jurídico ni populismo penal", ha remachado.

A su juicio, la experiencia demuestra que las "numerosísimas" manifestaciones convocadas por partidos o sindicatos se han producido con absoluta normalidad y "donde hay problemas es cuando esas manifestaciones son contaminadas por personas radicales, violentas, que, previamente concertadas por diversos medios, realizan actos vandálicos con métodos de guerrilla urbana".

Por similares motivos ha defendido el dispositivo especial ante la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona, en la que no quiere que salga la imagen de un país que no está condiciones de organizar este tipo de eventos.

OPERATIVO CONJUNTO CON LA GENERALITAT

Fernández Díaz ha señalado que se ha establecido un operativo de común acuerdo con a Generalitat, que él mismo ha cerrado ya con el president Artur Mas y con el conseller Felip Puig, y que incluye un mando político conjunto.

Tanto el socialista Pedro Muñoz como el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, condenaron todos los incidentes violentos en manifestaciones, pero expresaron su "honda preocupación" ante la posibilidad de que afecte a los derechos de manifestación. Para el PSOE, el Gobierno tenía "suficientes armas jurídicas" sin necesidad de recurrir a una reforma del Código Penal.