Interior movilizará a un millar de policías por la manifestación de "Rodea el Congreso"

Un millar de agentes de hasta 20 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos popularmente como antidisturbios, formarán parte este sábado del dispositivo dispuesto por la Delegación del Gobierno de Madrid para velar por la seguridad en la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Un portavoz de la Policía Nacional ha explicado a Europa Press que el dispositivo será el "adecuado" para garantizar el correcto desarrollo tanto de la sesión de investidura como de las protestas en la calle. Incluirá el despliegue de vallas y la restricción del tráfico y de la circulación de peatones en las calles aledañas al Congreso de los Diputados.

El dispositivo, algo inferior al dispuesto en el 'Rodea el Congreso' de 2012 donde se registraron graves disturbios, se ha terminado de perfilar en la reunión de coordinación celebrada este viernes con la vista puesta en la manifestación "contra el golpe de la mafia" de la Coordinadora 25S, que comenzará a las 17.30 horas desde la plaza Cánovas del Castillo.

Media hora después, las Marchas de la Dignidad 22-M han convocado en este mismo punto otra manifestación con el lema 'Contra la represión, amnistía. No al pago de la deuda. Pan, trabajo, techo y dignidad'. Pretenden que sirva de preparación de las protestas que han anunciado en distintos lugares de España el próximo 3 de diciembre.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha asegurado por la mañana que es "evidente" que los organizadores de la Coordinadora 25S "trabajan para Podemos". En este sentido, ha deseado que la manifestación, que no pasará por la Carrera de San Jerónimo donde se ubica el Congreso, se desarrolle "sin alterar el orden público".

El lema de esta marcha será 'Ante el Golpe de la Mafia, Democracia' y se llevará a cabo entre las 17.30 y las 21.00 horas. Comenzará en la plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, y seguirá por el Paseo del Prado, plaza de Cibeles (sin rodearla), calle de Alcalá y Puerta del Sol. Los organizadores han utilizado un cartel en el que aparece en primer término Rajoy con una pistola humeante, acompañado por el Rey y los socialistas Felipe González y Susana Díaz.

La polémica por la celebración de esta manifestación se coló este miércoles en el debate parlamentario previo a la primera y fallida votación de investidura de Rajoy. Aunque Podemos se ha limitado a mostrar su "simpatía" por la protesta, dirigentes y colectivos integrados en el partido de Pablo Iglesias sí han ofrecido su apoyo explícito.

GRUPOS AFINES A PABLO IGLESIAS

Es el caso de Anticapitalistas, corriente crítica pero que ha pactado con Iglesias en el proceso abierto en Madrid, el Círculo de Podemos Pueblo Nuevo o Ganemos Madrid. También se suman organizaciones como Izquierda Unida -- Alberto Garzón tratará de abandonar su escaño para participar en la protesta-- o Izquierda Castellana, con las que Podemos concurrió en las pasadas elecciones del 26 de junio, y que son dos de las principales impulsoras de la manifestación convocada oficialmente por la Coordinadora 25S y autorizada por la Delegación del Gobierno.

El manifiesto de convocatoria alude a "un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo". "Debemos demostrar que su régimen es pasado y que sólo nosotras desde abajo", dicen, "podemos construir un futuro". "Frente a su Congreso vacío de democracia oponemos nuestras plazas llenas de lucha", defienden.

MULTAS DE HASTA 30.000 EUROS

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de hasta 30.000 euros para quienes participen en concentraciones frente al Congreso de los Diputados siempre que se perturbe de forma grave la seguridad.

La conocida como 'Ley Mordaza' --cuestionada por la oposición, que pide su derogación-- contempla en su artículo 36 las 23 faltas graves castigadas con una sanción de entre 601 y 30.000 euros. "La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas" es uno de los escenarios castigados.

El Código Penal fija también la pena de hasta un año de prisión en el caso de alterar el normal funcionamiento de la Cámara Baja. "Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento" establece el artículo 494.