La Audiencia decidirá por segunda vez si archiva la imputación de la Infanta

La decisión irá nuevamente a cargo a cargo de la Sección Segunda y se producirá en próximas semanas. Los magistrados de la Sala determinarán de este modo si la Infanta y otros doce imputados deben sentarse en el banquillo de los acusados.

Fue precisamente hace casi tres años cuando el nombre de la Infanta apareció en el foco de las investigaciones, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Duquesa es copropietaria junto a Urdangarin- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte de Nóos de las Administraciones públicas.

El hecho de que la hermana del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.

Más en concreto, la vinculación de la Infanta en relación a unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa.

La acusación popular consideraba, en base a los datos reunidos hasta entonces, que la Infanta pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo a raíz de los ingresos obtenidos de Baleares y la Comunidad Valenciana -unos 5,9 millones de euros- y, por tanto, encubridora, cómplice o cooperadora necesaria de la actuación irregular del Duque, quien ya había sido imputado mes y medio antes por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

No obstante, el 5 de marzo el juez José Castro rechazó imputarla, alegando, al igual que había argumentado la Fiscalía, que hasta entonces no había aparecido ninguna prueba contra ella que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera. El sindicato recurrió la decisión ante la Audiencia, que confirmó la resolución del magistrado.

Esto no impidió que los interrogatorios por parte de Castro continuasen su curso con el objetivo de profundizar en torno a la gestión de la sociedad de los Duques y, entre éstos, los de varios testigos que aseguraron que Urdangarin les ofreció, en presencia de su mujer, ser contratados por la empresa "de los señores" pese a realizar en realidad tareas domésticas en el domicilio particular del matrimonio.

De hecho, en un informe entregado al Juzgado de Instrucción número 3 en enero de 2013, la Agencia Tributaria acusaba a Urdangarin de haber interpuesto a Aizoon para facturar servicios de carácter personalísimo que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF y beneficiarse a su vez de un tipo inferior en el impuesto de sociedades. Según Hacienda, durante 2007 y 2008 el Duque habría defraudado al fisco hasta un total de 337.138 euros al utilizar a Aizoon como 'pantalla'.

Torres apunta a la infanta

El nombre de la Infanta resurgió con fuerza el 16 de febrero de ese año, cuando Torres, citado nuevamente por el magistrado en calidad de imputado, aseguró en su declaración que la Casa Real supervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, y más en concreto la Duquesa y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, también encausado.

La acotación así de las pesquisas a la actuación de Doña Cristina y la entrega paralela de nuevos correos por parte de Torres en los que Urdangarin consultaba con su mujer las diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos, derivarían finalmente en la imputación de la Infanta, el 3 de abril de 2013, a través de un auto de 18 páginas en el que el juez Castro veía a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos.

De este modo, sostenía que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque y su exsocio no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.

Sin embargo, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de los propios Duques de Palma llevaron a la Audiencia a tener que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por todos ellos contra la decisión de Castro. El tribunal dejó sin efecto la imputación de la Infanta, si bien abrió la vía para que ésta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales a través de Aizoon, al haber defraudado presuntamente al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon.

Investigación de todas las cuentas e inmuebles de la infanta

Se inició así con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Las pesquisas derivaron en una segunda imputación de la Infanta, quien fue finalmente interrogada el pasado 8 de febrero.

Los argumentos vertidos por la Infanta, quien se refugió en la confianza que tenía en su esposo, no convencieron sin embargo al juez Castro, quien, en el auto por el que puso fin a la instrucción del caso Nóos, el pasado 25 de junio, mantenía imputada a la Duquesa al alegar la existencia de "sobrados indicios" de que la Infanta intervino "lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido", beneficiándose además de los fondos "ilícitamente ingresados" por Aizoon procedentes de Baleares y la Comunidad Valenciana.

En su resolución, conocida como auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado señalaba de forma tajante cómo la Infanta intervino "activamente" en el "vaciado de fondos" de Aizoon, y recalcaba que debe ser el tribunal que juzgue la causa el que valore si la Infanta actuó de forma irregular "por veneración o amor" a su marido.