IU pide que Pedro J. Ramírez testifique en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

Izquierda Unida, personada como acusación popular en el caso conocido como los 'ordenadores de Bárcenas', ha pedido a la juez instructora Rosa María Freire que cite a declarar como testigo al director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, en el juicio que se celebre --aún sin fecha fijada-- contra el PP y otros tres acusados por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

La acusación popular considera que el periodista es un "testigo de refferncia" debido a que en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados, el pasado día 23 de enero, en la que indicó que Bárcenas le contó que los ordenadores objeto de este procedimiento contenía datos sobre las contabilidad de los años entre 1996 y 1999 de la formación política.

En un comunicado, IU recuerda que Ramírez cuando declaró en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional sobre la presunta caja 'b' del PP ya hizo "referencia a los ordenadores que al señor Bárcenas 'no le quisieron devolver'". "Hablaba de los mismos ordenadores", subraya la acusación popular.

ALUSIÓN A SU COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El escrito que ha presentado este martes IU ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid alude especialmente lo que declaró el periodista durante su comparecencia en respuesta al diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes sobre los discos duros que fueron destruidos.

"Relata específicamente y complementa lo declarado ante el juez instructor del procedimiento principal, indicando que los dos ordenadores que estaban en la sede del Partido Popular y con determinado contenido de la causa principal son los objeto del presente procedimiento", insiste el escrito.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra el PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento. A la formación política, como persona jurídica, sólo se imputa el primero de los delitos.

La juez instructora señaló en el auto el que dio por concluida la instrucción, del 26 de julio de 2016, que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".