Hacienda avisa a la interventora de Cataluña de una responsabilidad hasta penal si no explica el desvío de 6.150 euros

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha envido un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en el que advierte de que puede incurrir en responsabilidades hasta penales si no explica a qué obedece el desvío de 6.150 euros del presupuesto y si esa partida está vinculada a la celebración de un referéndum de independencia, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Esa partida detectada por Hacienda llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a aprobar el pasado viernes un acuerdo por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum.

El Departamento que dirige Cristóbal Montoro envió un primer requerimiento a la interventora catalana la pasada semana para que aclarara ese desvío de más de 6.000 euros. Este lunes al mediodía se ha cumplido el plazo de tres días sin obtener respuesta, por lo que se le ha enviado un segundo requerimiento para que remita esa información.

UN SEGUNDO REQUERIMIENTO

En ese segundo requerimiento se recuerda a la interventora que en el certificado semanal que le corresponde emitir hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar procesos refrendatarios, así como "las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".

De igual modo, Hacienda señala que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de un referéndum "ilegal".

En el requerimiento, el Ministerio de Hacienda avisa además que la resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada "será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan".

El Gobierno de Mariano Rajoy confía en que la interventora de la Generalitat atienda a este segundo requerimiento y facilite la información, han indicado a Europa Press las fuentes consultadas, que han recordado que el plazo para contestar es ahora menor.