Hacienda avisa de que el control de cuentas durará lo que quiera la Generalitat, hasta que cumpla la legalidad

Así lo ha subrayado este lunes el número dos del Ministerio de Hacienda en una rueda de prensa en Córdoba, donde ha remarcado que el Ejecutivo catalán tiene la obligación de enviar semanalmente los certificados de gasto presupuestario, para asegurar que no paga nada relacionado con el referéndum de independencia, y que mientras no lo haga se mantendrán las medidas impuestas.

"El Gobierno pone en marcha el control financiero excepcional ante una situación excepcional generada por el gobierno de la Generalitat", ha apostillado.

Ha recordado que el punto de partida de todo es la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 5 julio de este año, donde "se declara la inconstitucionalidad y nulidad" de la disposición adicional de los Presupuestos de Cataluña y las partidas presupuestarias dedicadas a procesos electorales y consultas populares.

Ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, "aprobada en 2012 con el voto a favor de CiU", que habilita un mecanismo de control reforzado del Presupuesto de la Generalitat, ha puntualizado Fernández de Moya.

LOS PLAZOS

En concreto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene hasta primera hora de este martes para adoptar y comunicar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y para el que le ha dado un plazo de 48 horas, que empezó a correr el sábado cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la medida.

Si en las escasas 24 horas que le quedan Puigdemont no acata la orden, será el ministro Cristóbal Montoro el que adopte ese acuerdo y se lo comunique tanto a la Generalitat como a su Intervención.

La medida afecta a los créditos presupuestarios distintos de los que ya ha asumido Hacienda para evitar que se dedique dinero al proceso soberanista. El pasado viernes, el Gobierno decidió controlar el gasto social de la Generalitat y encargarse del pago directo de las nóminas y de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales.

Para controlar el resto del Presupuesto, se ordenó además a Puigdemont adoptar ese acuerdo de no disponibilidad de créditos y se le concedieron 48 horas para hacerlo voluntariamente. El plazo comenzó a correr desde la publicación de la medida en el BOE el sábado por la mañana y expira por tanto el martes a primera hora --el domingo no cuenta--.