Hacienda enviará al juez los certificados de pagos de la Generalitat desde 2015 y la información bilateral requerida

Las fuentes consultadas recuerdan que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció un sistema de controles reforzados en Cataluña desde el año 2015. Esta medida se adoptó, señalan, porque con la deriva política que estaba llevando la citada comunidad autónoma había peligro de que se desviasen fondos públicos de la prioridad de que se prestasen servicios públicos fundamentales, a asuntos no amparados por la Ley. Este control específico, además, estaba amparado por la Ley de Estabilidad.

Sin embargo, la medida se endureció en julio de 2017 y llegó al máximo con la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las fuentes de Hacienda consultadas explican que una vez que se llega ahí se tiene un grado de trazabilidad muy grande de los compromisos de pago y de los pagos finales que realizan las entidades de crédito, ya que abarcan a toda la administración de la comunidad autónoma.

Además, el interventor de la comunidad autónoma tiene que emitir un certificado de cada contrato o cada pago que realiza la Generalitat, explicar el objeto y constatar que se realiza de acuerdo con la Legislación. Toda la información está basada en los certificados emitidos y en los registros informáticos de todas las operaciones.

OPORTUNIDAD

Sin embargo, hasta ahora esta información no se había puesto a disposición del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga el 'procés', porque éste no la había solicitado.

Pero, consideran que la petición que ha realizado el juez al ministro Cristóbal Montoro, para que explique por qué asegura que no se ha destinado dinero público al 1-O, es una oportunidad para poner a disposición del Supremo todos los controles que se han venido realizando desde el Ministerio. De esta forma, explican, el magistrado podrá profundizar si lo desea en aquello que considere oportuno.

Hacienda ya ha realizado envíos de información al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, a petición del juez Juan Antonio Martínez Sunyer, que fue quien inició la investigación de la causa del procés.