La Hacienda catalana habría costado entre 350 y 500 millones de euros anuales, según los informes de la Generalitat

Los informes proponían obtener datos de contribuyentes de bases que no necesitan "autorización explícita" y pidiendo el resto a los ciudadanos

Los informes planteaban un periodo de prescripción tributaria más largo y recaudar 70.000 millones o más si elevaban la presión fiscal

La puesta en marcha de la Hacienda catalana habría podido costar entre 350 y 500 millones de euros, según los informes con que contaba el Gobierno catalán, que estimaban los recursos humanos en unas 5.000 personas y preveían una recaudación mínima de 70.000 millones, o hasta 100.000 millones de euros si se elevaba la tasa de presión fiscal.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones reflejada por los expertos era la obtención de los datos de los contribuyentes, para ello proponían, si no había acuerdo con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), hacerse con la información que está dispersa en diferentes bases de datos para la que no se necesita acceder con una "autorización expresa" y, el resto, pedírselo a los ciudadanos mediante una "campaña social".

Así consta en uno de los informes realizado por el Consejo de la Transición Nacional que se ha incorporado al procedimiento abierto en el Juzgado número 13 de Barcelona, en el que se investiga la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre.

En este texto se expone que el "objetivo estratégico y prioritario" durante la primera fase del proceso de implantación de la Hacienda catalana es el acceso a la información de los contribuyentes catalanes para poder disponer de una base de datos que es la herramienta fundamental para alcanzar la "soberanía fiscal".

Y para que Cataluña tenga su propio censo de contribuyentes, proponen que, si el Estado español no le cede la información, aproveche la que se encuentra dispersa en las diferentes bases de datos a las que se puede "acceder sin autorización explícita".

Y para completar esta información, plantean realizar una campaña social para que los ciudadanos y las empresas de Cataluña entreguen "voluntariamente" a la Generalitat una copia de las declaraciones que presentan a la Agencia Estatal. No obstante, admiten que la eficacia de esta medida dependerá del grado de colaboración que estén dispuestos a prestar los ciudadanos.

Los expertos explicaban, tras hacer varias estimaciones del montante que podría suponer la implantación de la Hacienda propia, que su coste de funcionamiento podría estar entre 350 y 500 millones de euros anuales, mientras que el presupuesto en tecnologías de información y comunicación (TIC) de la Administración Tributaria catalana se situaría aproximadamente entre los 50 y 80 millones anuales.

COMPRA DE EQUIPOS, AL MENOS 100 MILLONES

No obstante, cifraban en unos 100 millones de euros el presupuesto inicial de inversión TIC en lo referente a la adquisición de equipos informáticos, la compra de licencias, el diseño del sistema y la formación del personal técnico responsable de su implantación y mantenimiento. Hacen esta estimación de acuerdo con los ratios internacionales en presupuesto TIC de las grandes organizaciones ya que, dicen, no han podido analizar en profundidad las inversiones necesarias para la creación de un organismo tributario de nueva planta.

En cuanto a las necesidades de personal, señalaban que si la plantilla de la Administración Estatal Tributaria destacada en Cataluña se traspasara a la Generalitat sumaría junto con los empleados de la Agencia Tributaria Catalana más de 5.000 personas.

No obstante, precisaban que la Comisión Europea señala que debería haber unos 1.000 empleados públicos por cada millón de habitantes para la gestión tributaria. Lo que supondría, en el caso de Cataluña, entre 7.000 y 8.000.

En cualquier caso, cifraban entre 200 y 300 los inspectores para realizar tareas de comprobación, inspección y auditoría fiscal; entre 1.000 y 1.200 los empleados necesarios para desarrollar las tareas de aplicación del sistema tributario, sobre todo la gestión, recaudación y comprobación masiva de declarantes; entre 100 y 200 Técnicos Superiores de la Generalitat catalana para la gestión y administración de recursos humanos y de 300 a 500 Mossos d'Esqudra con titulación superior y debidamente formados para la lucha contra la delincuencia fiscal y el control de aduanas.

A ellos se tendrían que sumar de 200 a 300 empleados de nivel formativo superior para dotar el resto de organismos que configurarían la Administración Tributaria del Estado propio y un Servicio de Informática propio con una plantilla de 200 a 300 efectivos, entre ingenieros, técnicos informáticos y personal de apoyo.

En cuanto a la recaudación, estimaban que si se aplicara la presión fiscal media que hay en España, el 34 por ciento, ésta estaría en torno a los 70.000 millones; que podría elevarse a los 80.000 millones si se eleva la presión fiscal hasta alcanzar la media de la UE (el 40 por ciento) y hasta los 100.000 si se aplicara la presión fiscal de los países que más recaudan, que está entre el 45 y el 50 por ciento.

En ese informe destacaban también como una pieza importante del desarrollo institucional del Estado propio la creación de un Banco Central de Cataluña para centralizar el flujo de la tesorería tributaria y poder emitir deuda pública destinado a "cubrir temporalmente el diferencial de recaudación que se obtendría en condiciones normales".

El informe especificaba las cuestiones que se deberían tener en cuenta en una primera fase de implantación de la Hacienda catalana en un Estado independiente, entre las que citaba ir dotándola de infraestructuras como el sistema informático y las oficinas de la ATC.

Además, consideraban que sería necesario de garantizar la continuidad entre los sistemas tributarios catalán y español y para ello proponían establecer, de manera transitoria, un periodo de prescripción de las infracciones tributarias más largo que el actual que es de cuatro años; declarar la aplicación transitoria de la normativa fiscal española vigente; asumir la gestión de las obligaciones tributarias pendientes y regular la concurrencia de las jurisdicciones fiscales.