Hacienda autoriza a Defensa a reactivar los contratos de limpieza en cuarteles

Estos establecimientos militares de Andalucía vieron rescindidos los contratos de limpieza a empresas externas el pasado 30 de septiembre y el cierre del presupuesto de 2016 hacía imposible la celebración de nuevos contratos.

Concretamente, el pasado 14 de julio el Ministerio de Hacienda publicó la orden que "impide la celebración de los contratos basados en el Acuerdo Marco unificado de limpieza", con la "imposibilidad de contratar" debido a "no disponer de la financiación necesaria correspondiente a los presupuestos de 2016".

Pues bien, este viernes el Consejo de Ministros ha autorizado a la "continuación en la prestación de los servicios generales de limpieza y prestaciones relacionadas en las instalaciones del Ministerio de Defensa en todo el territorio nacional".

El importe estimado de este contrato asciende a algo más de 2,65 millones de euros, con un plazo de ejecución comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016, con la posibilidad de iniciar contratación anticipada cuya ejecución se realizaría durante 2017.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y EQUIPOS MÉDICOS

Además de los contratos de limpieza, Hacienda ha autorizado el suministro de productos alimenticios en determinadas unidades, buques, centros y organismos del Ministerio de Defensa por un importe total estimado de 5,3 millones de euros, con un plazo de ejecución entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016, también con la posibilidad de prórrogas que se extenderían a 2017.

Asimismo, se han autorizado servicios de mantenimiento de determinados equipos médicos, equipamiento e instalaciones del Hospital Central de la Defensa cuyos servicios son esenciales para la operatividad de la función logística sanitaria militar. El importe máximo de este contrato ascendería a más de 1,17 millones de euros.

Por otra parte, también se ha autorizado el suministro de combustibles líquidos, gasóleo de calefacción y gas propano por un importe máximo de 899.297 euros y una duración de dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos.