La Guardia Civil pide que se cite como testigo al exrepresentante del Govern en Bruselas por los pagos a observadores

La Guardia Civil sitúa al exrepresentante del Govern de la Generalitat en la Unión Europea Amadeu Altafaj como la persona que ordenó las transferencias realizadas desde la cuenta de la Delegación de Bruselas por importe de 119.700 euros al Centro holandés que envío los observadores al referéndum ilegal del 1 de octubre, según un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que piden que se le cite a declarar como testigo.

De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, Altafaj era el único autorizado de la cuenta desde donde se realizaron hasta tres transferencias: la primera de 58.250 euros, con destino a The Hague Centre for Strategic Studies; la segunda de 61.450 a la misma destinataria y una tercera de 20.000 euros para a la Delegación del Govern en Croacia, sumando un total de 139.700 euros.

Los investigadores apuntan que estas cantidades podrían haber sido empleadas para pagar observadores internacionales y añaden que, gracias a la documentación requerida por el magistrado Llarena, se ha conocido la existencia de una cuarta transferencia también a la Delegación del Govern en Croacia y por importe igualmente de 20.000 euros por lo que el monto total sería de 159.700 euros.

INVESTIGACIÓN AL DIPLOCAT

Además añaden que, al menos dos de las tres transferencias mencionadas --las referentes al centro de La Haya-- pueden estar relacionadas con la investigación vigente sobre el Consejo de Diplomacia Pública (DIPLOCAT) en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Precisamente su titular, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenado que se investiguen las cuentas de este consorcio público-privado de cara a esclarecer si se produjo delito de malversación de fondos públicos para emplearlos en la consulta.

Los investigadores denuncia una "opacidad" por parte de la Generalitat al informar al juzgado catalán de que en ningún Departamento de la Generalitat se produjo coste económico alguno en relación con el referéndum. De acuerdo con este último informe, se trata de una "contradicción" entre los pagos realizados por el gobierno del expresidente catalán Carles Puigdemont y los pagos acreditados.

Al respecto, la Guardia Civil se hace eco de un documento firmado por Altafaj --cesado a finales de octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la proclamación en el Parlament de la independencia de Cataluña-- en el que se hace referencia a las citadas transferencias y dice que estas no responden a gastos dirigidos a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales.

LAS DECLARACIONES RESPONSABLES DE PAGOS NO COINCIDEN CON LAS FECHAS

También hay declaraciones responsables acreditando que esos pagos realizados desde la cuenta de la delegación de la Generalitat en Bruselas "no responden a gastos que se dirijan a la financiación de ninguna actuación ilegal".

Sin embargo, las fechas de esas declaraciones responsables son muy posteriores a las transferencias realizadas. Así, con fecha 24 de noviembre de 2017, Gloria soler envía al BBVA un correo que adjuntaba un archivo informático con una declaración responsable fechada el 27 de octubre sobre las citadas transferencias.

Y posteriormente, el 8 de enero, Gloria Soler envía otras declaraciones responsables referidas a las mismas transferencias indicando como fecha de las órdenes de pago el 28 de diciembre de 2017 y que llevan la firma de Marta Garsaball Pujol, que es la persona autorizada en la actualidad en la citada cuenta. Sin embargo, las citadas transferencias se habían realizado el 21 de septiembre y el 10 de octubre.