La Guardia Civil sospecha de la Interventora de la Generalitat y entrega un informe en el Juzgado sobre sus actuaciones

La Guardia Civil ha entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un informe de 14 fólios en el que relata las actuaciones que ha tenido la Interventora de la Generalitat Rosa Vidal Planellas cuando la han solicitado información sobre algunas de las facturas del referéndum ilegal del 1 de octubre. El citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que omitió información, que participó en un acto de compromiso con el referéndum y que no denunció lo que puede ser un intento de "estafa".

El citado informe se enmarca dentro de la investigación que está llevando a cabo el Instituto armado sobre las facturas de la empresa Unipost para cobrar los envíos electorales del 1-O por un total de 979.661,96 euros y que se repartían entre cinco Consejerías de la Generalitat.

Según los datos recabados hasta ahora por los investigadores, fue el director de Patrimonio de la Generalitat, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias Grau, quien firmó en representación de la Generalitat la ampliación del contrato marco que tenían con Unipost. Este es además, el receptor del correo en el que uno de los propietarios de esta empresa, Pablo Raventós, le remite las 5 facturas para el cobro por el servicio de Unipost para el 1-O, por los siguientes importes: 280.003,35 euros; 234.606,88 euros; 233.180,55 euros; 238.965,37 euros y 240.634,83 euros.

Según señala la Guardia Civil, la interventora envió, a un requerimiento del Juzgado, una información explicando el sistema de pago que utilizan todos los departamentos de la Generalitat, el Gestor Electrónico de Contratación. Pero, aunque hacía referencia a un anexo con todas las facturas emitidas por Unipost a la administración catalana, no adjuntó esa información.

REUNIÓN CON ROSA VIDAL PARA QUE ENTREGARA DATOS QUE FALTABAN

Por este motivo, los investigadores decidieron mantener una reunión con Rosa Vidal, tras lo cual, acabó enviado por correo electrónico, el anexo que inicialmente no había presentado.

Los investigadores señalan que la Interventora no mencionó en su informe ninguna coincidencia con los datos que se aportaron después en el anexo, según los conceptos de factura o importe, de las facturas que se la solicitaron. Sin embargo, observaron que en los asientos sí había una factura que coincidía con el importe y fecha emitida por Unipost al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña, por 238.965,37 euros (incluido el IVA).

La citada factura fue presentada al cobro en dos ocasiones, el 18 de septiembre y el 19, e iban firmadas con un certificado digital a nombre de Pablo Raventós. Pero ambas fueron rechazadas. En el primer caso, lo hizo el sistema automáticamente porque el expediente no cumplía con los parámetros del formato. En la segunda ocasión se hizo manualmente. Lo hizo el usuario David Badal Josa, empleado de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo y que gestiona el sistema corporativo de la Generalitat de Gestión de los Contratos.

Según, la declaración ante la Guardia Civil de este funcionario, las rechazó por dos cuestiones. La primera porque el periodo que recogía la factura era de un sólo día el 7 de septiembre, y el periodo de facturación de Unipost se hace por meses. El segundo, porque el importe, 238.965,37 euros, está fuera de lo habitual y además, David Badal comprobó en la web del proveedor donde permite ver la facturación mensual y esta factura no aparecía.

INTENTOS DE COBRO OMITIDOS

Estos dos intentos de cobro por parte de Unipost fueron "omitidos" por la interventora de la Generalitat, hecho que destaca la Guardia Civil, que también pone el acento en que "no se ha activado ningún procedimiento para denunciar ese intento de cobro, lo que podría suponer al menos una tentativa de estafa".

En este informe, la Guardia Civil también recoge la actuación de la Interventora, ya señalada por los investigadores con anterioridad, al no haber denunciado el expediente por el que se aprobó un gasto de 2.299.900,20 euros para destinarlos a una campaña denominada "CIVISME".Ese expediente señalaba que el objetivo de la campaña era "implicar a los ciudadanos y las ciudadanas en el fomento de una sociedad más cívica, justa y avanzada desde el punto de vista de su progreso social".

Fue aprobada por la Interventora en un procedimiento de urgencia y en el expediente se hacía constar: "no se desprende que se trate de un gasto relacionado con procesos refrendarios". Sin embargo, la campaña finalmente fue para difundir un anuncio para el referéndum del 1 de octubre.

NO HA DENUNCIADO ACCIONES CON LAS QUE SE PRETENDÍA MALVERSAR

La Guardia Civil no entra a valorar si la Interventora conoció o no en aquel momento el fin de la campaña, pero precisa que ahora se ha sabido que era para un fin distinto del que se dijo y por el que ella autorizó un gasto público. Sin embargo, advierten de que ésta no ha activado ningún procedimiento para denunciar esas acciones con las que se pretendía "una malversación de 2.299.900,20 euros".

Los investigadores incluyen en su informe un correo electrónico que demuestra la asistencia de Rosa Vidal a un "acto de unidad y compromiso con el referéndum" que tuvo lugar el pasado 21 de abril y a la que también estaban convocados Josep María Jové, Natalia Garriga, Pere Aragonés, Josep Lluís Salvadó y el director del Idescat, Frederic Udina, entre otros.

"No se conoce el papel que desempeñó la interventora en esa reunión, pero era un acto de compromiso y es evidente que un referéndum requiere de fondos para su ejecución, por lo que al menos, presumiblemente tenía conocimiento de la intencionalidad de los presentes", precisa el Instituto armado en su informe para el juez.

Además, destacan el hecho de que la Interventora es la encargada de "velar" que no se gastase dinero público en el referéndum o actos relacionados con el mismo y de que hay correos intervenidos a Josep María Jové en los que se comprueba que éste tuvo puntual conocimiento de todos y cada uno de los certificados que se emitieron desde vicepresidencia para dar contestación a los requerimientos del Ministerio de Hacienda a lo largo del segundo semestre de 2017, "certificados de los que se dio oportuna cuenta a la Interventora de la Generalitat".