Granados declarará ante el juez el 12 de febrero por la presunta financiación irregular del PP madrileño

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para el próximo 12 de febrero al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados en relación con las piezas de la trama Púnica por la presunta financiación ilegal de la formación popular en Madrid y las actividades de la empresa Cofely, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El juez instructor fija el interrogatorio a las 9.00 horas de la mañana y accede de esta forma a la petición formulada el pasado mes de octubre por el exconsejero regional al tratarse de dos piezas que se encontraba bajo secreto cuando prestó declaración el pasado año.

Previamente tomará declaración a Eduardo de la Peña, presunto testaferro del empresario David Marjaliza y quien había pedido comparecer ante el instructor después de que el constructor le señalara como la persona que quemó en un día de niebla todos los documentos de la trama.

Marjaliza hizo esta confesión en su declaración como testigo durante el primer juicio de la Púnica relativo al 'chivatazo' que recibió Granados por parte del guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino de que se les estaba investigando. Dijo entonces que encargó a De la Peña --a quien se refirió como el "ñapas"-- quemar toda esa documental, que incluía anotaciones de pagos en 'b' a políticos, después de que se lo ordenara Granados.

DECLARACIÓN A PETICIÓN PROPIA

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó en un auto del pasado mes de diciembre volver a interrogar a Granados aunque negó el resto de diligencias solicitadas por esta parte al instructor, entre las que se encontraban citar en calidad de investigados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, su sucesor en el cargo Ignacio González, la actual mandataria regional Cristina Cifuentes y a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

Al respecto expuso que la citación en calidad de investigado "no es una cuestión baladí" y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formula la representación procesal de Francisco Granados. Le recordó además que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.

Granados, que en un primer momento solicitó que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud a tenor de los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.

DECLARACIÓN DE MARJALIZA

La pasada semana Marjaliza reconoció ante el juez que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública. Con este sistema se adjudicó más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica.

También dijo que tanto él como Granados y el empresario Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por hacerse con las obras de Metro de Madrid. Se refirió a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.