Gobierno vasco pide la gestión de prisiones y aboga por "un modelo vasco" que fomente la reinserción "fuera de prisión"

La consejera de trabajo y Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha pedido, una vez más, la transferencia de prisiones, y ha abogado por construir "un modelo vasco", dentro de la legalidad vigente, que impulse la resocialización de los presos y que incluya "el régimen abierto de reinserción fuera de prisión", acorde con "una realidad no vengativa". Además, cree que Euskadi tiene "bagaje suficiente" para ir a un modelo de gestión de centros penitenciarios "que lo hagan peculiar en el Estado".

Durante su intervención en la jornada 'Crimen y castigo: la función resturativa de la pena', organizada por la Cadena SER en el Palacio de Justicia de Bilbao, San José se ha marcado como reto la consecución de la transferencia de la gestión de los centros penitenciarios a la Comunidad Autónoma Vasca.

A su juicio, esta transferencia "tiene un gran valor" porque supone un avance en el desarrollo de la autonomía, "alcanzando mayor autogobierno", y permitirá, además, aplicar un modelo de gestión de prisiones "que se corresponda con la experiencia y criterios que se llevan aplicando en Euskadi desde hace años".

En este sentido, ha afirmado que su Departamento está "perfectamente preparado" para asumir esta competencia y se ha mostrado convencida de que, además, de esta forma, se aportará "un importante valor añadido".

Tras recordar que la transferencia de los centros penitenciarios "solo se ha hecho efectiva" en Cataluña, ha recordado que la Comunidad Autónoma Vasca lleva "muchos años siendo pionera" e incorporando "sensibles mejoras" a las funciones que le corresponden.

La consejera ha recordado que la Administración Autónoma Vasca "ha estado en perfecta sintonía, y ha apoyado decididamente a un tercer sector potente y plenamente comprometido con la reinserción de las personas presas".

REINSERCIÓN DE PRESOS

En esta línea, ha destacado que existe una red de recursos comunitarios "especialmente rica y capacitada" para facilitar los programas, tratamientos y servicios necesarios para que las personas penadas inicien procesos de reinserción social y aborden "la superación de las causas de su conducta delictiva".

"A través de ello, se facilitan respuestas a la conducta infractora desde la propia comunidad en que la persona ha de convivir respetando la Ley penal. Así, se dota de mayor eficacia al cumplimiento penal y posibilita la corresponsabilidad comunitaria con este problemática en beneficio de la persona infractora y del conjunto de la sociedad", ha asegurado.

Para María Jesús San José, mediante "esta colaboración, se ha conseguido que entre la ciudadanía vasca exista una alta concienciación de los beneficios que aporta a la sociedad convertir en activos sociales a personas que han tenido sentencias judiciales adversas".

En este contexto, ha subrayado que, "desde 1987, existe un Servicio de Asistencia y Orientación al Detenido y, desde 1990, el Servicio de Asistencia a la Reinserción antecesores del actual Servicio Vasco de Gestión de Penas (2011), que ha desplegado una importante labor" en esa línea.

Además, ha apuntado que este trabajo se vio "reforzado y consolidado" con la firma, en el mandato de Patxi López como lehendakari, de la entonces consejera Idoia Mendia, de dos convenios con el Ministerio del Interior, vigentes desde 2011, que "potencian" las medidas alternativas a prisión a través del Servicio Vasco de Gestión de Penas, y "facilita" la incorporación de penados a proyectos de inclusión sociolaboral.

De esta forma, según ha explicado, se logró que Euskadi fuera la única Comunidad Autónoma que gestiona todas las medidas alternativas a la prisión y en la que las personas condenadas con problemas psiquiátricos no cumplen la pena en establecimientos penitenciarios, sino en los psiquiátricos civiles y en el Centro Aita Meni.

SALUD Y EDUCACIÓN

La titular de Justicia ha apuntado que también fue con el Ejecutivo del PSE-EE cuando se traspasaron las competencias de Salud y Educación en las prisiones, "con lo que se ha podido mejorar la atención sanitaria y el derecho a la educación de penados".

"Estamos colaborando con los juzgados para alcanzar la ejecución de todas las penas alternativas, apoyándonos en equipos multidisciplinares que forjan la inclusión social", ha subrayado.

Por otra parte, ha destacado que en su Departamento existe un Servicio de Justicia Juvenil, que realiza "una actividad característica en relación con menores a los que se les aplica alguna medida dirigida a su reinserción social".

"Todas estas experiencias nos están dotando de un bagaje suficiente para poder trasladarlo a un modelo de gestión de establecimientos penitenciarios que lo hagan peculiar en el Estado. También estamos contando con la inestimable ayuda de expertos que se están comprometiendo con los objetivos que nos proponemos", ha indicado.

UN MODELO VASCO

San José ha afirmado que se va a crear "un modelo vasco", que estará "circunscrito a la legislación vigente". En este sentido, ha remarcado que la actual Ley Orgánica General Penitenciaria permite desarrollar Unidades Abiertas Dependientes, que suponen "un referente fundamental" para Euskadi.

"Nos planteamos y estamos comprometidos en alcanzar una sociedad más segura, poniendo todos los medios a nuestro alcance para conseguir que se reduzcan las tasas de delincuencia en nuestra comunidad", ha apuntado.

Para ello, cree "necesario lograr la inclusión sociolaboral de las personas que han sido condenadas por la Justicia, de forma que disminuyan las tasas de reincidencia y se favorezca que las personas penadas se responsabilicen del daño causado, ayudando a la restauración de las víctimas".

"Partimos del principio de que todo el dinero que se destina a este quehacer es una inversión social, que nos va a permitir construir una sociedad más justa, más segura y más inclusiva", ha añadido.

De esta manera, se pretende "componer un modelo" en Euskadi "que tenga como referencia el que se aplica en los países más avanzados en este sentido, que no es otro que el de cambiar la relación entre el régimen cerrado y el abierto, en favor de este último".

"Nos vamos a basar en lo que se lleva años aplicando en los países nórdicos: el régimen abierto de reinserción fuera de prisión, acorde a una realidad no vengativa", ha concluido.