El veto del Gobierno de la sentencia del TC alegaba que parar la LOMCE habría supuesto 615 millones menos de ingresos

El Gobierno alegó para vetar la proposición de ley del PSOE que pedía paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación (LOMCE) que su aplicación habría supuesto una merma de ingresos que cifró en casi 615 millones de euros. La Mesa del Congreso rechazó aquel veto en 2016 y ahora el Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Cámara al desatender el escrito de disconformidad del Ejecutivo.

En concreto, el alto tribunal ha avanzado su rechazo al recurso planteado por el Gobierno contra aquella decisión adoptada por la Mesa del Congreso en octubre de 2016 cuando, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, desatendió el escrito con el que el Gobierno justificaba su veto. El Constitucional considera que el órgano de gobierno de la Cámara tiene autonomía para dirimir si el escrito de disconformidad del Ejecutivo está justificado o no.

En aquel escrito, el Gobierno argumentaba que la aplicación de la ley presentada por los socilistas supondría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros, provenientes de Fondos Europeos. Además, alegaba que el Ejecutivo debería asumir esta cantidad de las arcas del Estado, en compromiso con lo realizado hasta entonces por las comunidades autónomas.

PÉRDIDA DE FONDOS EUROPEOS

Según explicaba el Ejecutivo, recogido por Europa Press, la LOMCE cuenta con la cofinanciación de los Fondos Europeos dentro del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020. En concreto, estas ayudas, que suman 614.961.977,98 euros, se han obtenido porque la norma española integra uno de los objetivos temáticos que se incluyen en los reglamentos europeos hasta 2020: la reducción del abandono educativo temprano.

Por ello, antes de que España perciba esta cifra la Comisión Europea tiene que comprobar que "se han realizado efectivamente y en los plazos previstos las acciones comprometidas". Es decir, que el país no recibe la ayuda hasta que la ley se aplique por completo.

Por eso, el Gobierno advertía de que "en el caso de suspender o paralizar la implantación de la LOMCE, la Comisión Europea podría considerar que España no cumple con las condiciones del programa y retirar total o parcialmente su financiación, por lo que se produciría una pérdida de ingresos para España de hasta 614.961.977,98 euros devengados en 2016", apuntaba el documento.

GASTOS NO PREVISTOS PARA EL ESTADO

Del mismo modo, señalaba que estas obligaciones de gasto no previstas recaerían entonces sobre el Estado que, a través de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya había transferido a las comunidades autónomas su parte de los ejercicios de 2014 y 2015.

Moncloa explicaba que, en relación con la parte cofinanciable, las autonomías habían adoptado dos tipos de decisiones, unas habían solicitado un anticipo a Educación a cuenta de lo que luego ingresará de los Fondos Europeos, una práctica supondría un mayor gasto para el Gobierno en caso de paralización, y otras habían optado por adelantar ellas mismas estas cifras, lo que perjudicaría al Estado porque tendría que compensarlas por las actuaciones realizadas.

Las condiciones que España se comprometió a cumplir para obtener estas ayudas europeas se basan en dos conceptos: la anticipación de la elección de nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO y la implantación de la Formación Profesional Básica.

CONDICIONES PROMETIDAS A EUROPA

Sobre el proceso, el Ejecutivo indicaba que la LOMCE está completamente implantada en Primaria, ya que se hizo entre los cursos 2014-2015 y 2015-2016, mientras que en ESO y Bachillerato en octubre de 2016 sólo se había procedido a regular las evaluaciones finales, puesto que el curso había empezado apenas un mes antes.

En este sentido, señalaba que las 'matemáticas académicas' y 'matemáticas aplicadas', impartidas en 3º de la ESO desde el curso 2015-2016, también son objeto de cofinanciación en todas las autonomías (excepto Cataluña y País Vasco que no han firmado el convenio necesario), y que también lo serían en 4º de la ESO a partir del curso 2016-2017.

En cuanto a la Formación Profesional Básica apuntaba que también estaba "implantada en su totalidad", de manera que la suspensión de su calendario dejaría a los alumnos sin obtener el título de Graduado en ESO. Además, señalaba que también se estaban implantando ya las modificaciones plasmadas en la LOMCE para acceder tanto a la FP de Grado Medio como a la universidad. "En este caso, paralizar la norma impediría a los estudiantes superar los procedimientos de admisión", apuntaba.

Se da la circunstancia de que el PSOE ya intentó paralizar la aplicación de la LOMCE en la legislatura en la que el PP tenía mayoría absoluta. Entonces el Gobierno no la vetó y llegó a debatirse su toma en consideración. Según Moncloa, entonces la legislatura se daba por acabada y la iniciativa no iba a poder tramitarse, mientras que cuando presentó su veto había opción a evitar la disolución de las Cortes.