Gobierno vasco quiere recuperar "hasta el último céntimo de euro" si se prueban pagos fraudulentos en el caso de Miguel

Erkoreka se ha referido, de esta manera, a la vista oral que se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava por la presunta trama de corrupción en Álava, en la que hay acusadas 26 personas, entre ellas, el que fuera número dos del PNV alavés y diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo está personado en el procedimiento porque "tiene un interés concreto que se cifra aproximadamente en 250.000 euros, que tienen que ver con una serie de contratos que, según el escrito de acusación del fiscal, son pagos que la Administración hizo sin que existiera contraprestación por parte de los perceptores de esas cantidades".

"Han pasado ya muchos años desde que se produjo, y el Gobierno no tiene ahora manera de comprobar si eso es así o no", ha apuntado, para señalar que se determinará en base a la investigación judicial.

"El Gobierno está personado para defender el interés de la Comunidad Autónoma y de la Hacienda General del País Vasco en todo lo que tiene que ver con esos contratos, de manera que, si a lo largo del juicio se acredita que esos contratos se pagaron fraudulentamente, el Gobierno llevará a cabo todo lo que esté al alcance de su mano para hacer efectivas esas cantidades y resarcirse del eventual daño que ha podido producir", ha añadido.

En todo caso, ha apuntado que se trata de un pleito que "tiene muchas otras dimensiones, muchos otros aspectos que nada tienen que ver con el Gobierno vasco, sino con eventuales delitos fiscales, que tendrán que ver con las diputaciones, pero no con el Gobierno, y con fraudes, en todo caso, existentes entre socios particulares y empresariales, que tampoco implican ni conciernen" al Ejecutivo.

"Pero, si a lo largo de su tramitación, se prueba la existencia de un daño efectivo patrimonial al Gobierno, el Gobierno lo va a defender hasta el final para recuperar hasta el último céntimo de euro que se acredite que fue injusta o innecesariamente gastado en perjuicio del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma", ha concluido.