El Gobierno veta otras tres leyes de la oposición y estudia si plantea un conflicto contra el Congreso

El Gobierno del PP ha comunicado al Congreso su rechazo a tramitar otras tres proposiciones de ley de la oposición, que se unen a las diez que trató de bloquear hace tres semanas y que, como la Mesa de la Cámara desoyó su opinión, podrían acabar en un nuevo conflicto institucional en los tribunales entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

El pasado 14 de octubre, el entonces Gobierno en funciones comunicó al Congreso su veto a diez proposiciones de ley promovidas por la oposición y por distintos parlamentos autonómicos y lo justificaba en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

En esa lista figuraba una del PSOE para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras cuatro del Grupo Socialista sobre trabajadores subcontratados, supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria, dos proposiciones para fomentar el autoconsumo eléctrico (una de Ciudadanos y otra de la Asamblea de Murcia), y otras tres propuestas de parlamentos autonómicos (una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores).

PRIMEROS VETOS DEL NUEVO GOBIERNO

El nuevo Gobierno, ya en plenitud de funciones, acaba de vetar otras tres iniciativas legislativas de la oposición, dos de ellas de Ciudadanos y de Unidos Podemos para derogar las tasas judiciales a entidades sin animo de lucro, y otra del Grupo Mixto para paralizar la LOMCE.

En escritos específicos a los que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno justifica el veto a la derogación parcial de las tasas judiciales alegando que supondría una pérdida de recaudación aproximada para el Estado de unos 15 millones de euros de los 263 millones que hay previstos en los Presupuestos de este año.

En el caso de la paralización de la LOMCE, el Gobierno, como ya hizo en octubre, argumenta que, si se detuviera el calendario de aplicación, España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no había usado esa capacidad de veto ni cuando tenía mayoría absoluta, ni en la pasada legislatura. De hecho, el pasado semestre llegó a debatirse en el Pleno del Congreso una iniciativa para parar la aplicación de la LOMCE, pues entonces Moncloa renunció al veto al considerar que, ante la previsible disolución de las Cortes, el calendario educativo no peligraba.

Hasta este año, proposiciones de ley que no contaban con el visto bueno de Moncloa se daban por decaídas, ya que normalmente la Mesa del Congreso tenía la misma mayoría que el Ejecutivo. Así ocurrió con las anteriores 115 iniciativas vetadas, todas con Gobierno socialistas --el grueso (93 iniciativas), en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando su Gobierno empezó a tomar medidas de ajuste para cumplir los compromisos presupuestarios--.

EL CONGRESO VA A DEBATIR UNA DE LAS QUE VETÓ EL GOBIERNO

Así, el pasado 18 de octubre, la Mesa del Congreso desoyó los primeros diez vetos del Gobierno; dos ellos, los relativos a iniciativas del PSOE para parar la LOMCE y para mejorar las condiciones de los trabajadores de las subcontratas, fueron levantado, y los otros ocho quedaron en suspenso a la espera de examen jurídico.

Es más, una de esas iniciativas vetadas por el Gobierno, la paralización de la LOMCE, ya ha entrado en la agenda del Pleno del Congreso y su toma en consideración se votará el próximo martes. El Gobierno, según aseguran fuentes oficiales, sigue estudiando a través de la Abogacía del estadio la posibilidad de recurrir en los tribunales y este tema podría desembocar en un nuevo conflicto de competencias con el Congreso.

El Tribunal Constitucional tiene aún pendiente de resolución el conflicto de atribuciones presentado en primavera, cuando el Gobierno se quejó de que el Gobierno en funciones no se sometía a control parlamentario.