El Gobierno exige la disolución y la colaboración con la Justicia antes de estudiar la situación de los presos

El Gobierno ha reaccionado al anuncio de que ETA estará totalmente desarmada en la tarde del próximo 8 de abril pidiendo su disolución y reafirmando su compromiso con el cumplimiento íntegro de la ley, que exige pedir perdón y colaborar con la Justicia antes de estudiar un cambio de la política penitenciaria.

En una declaración institucional desde Málaga, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, resumió ayer la posición del Gobierno ante el final de la banda terrorista de la siguiente forma: "A ETA sólo le queda disolverse, entregar las armas, arrepentirse, pedir perdón a las víctimas, pagar las deudas y someterse a la legislación vigente". A lo que añadió: "No olvidaremos a las víctimas".

La ley penitenciara otorga al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, las competencias exclusivas para decidir posibles acercamientos. ETA autorizó las pasadas Navidades a sus 350 presos para que se acogieran a beneficios individuales pero manteniendo como 'línea roja' la colaboración con la Justicia en los casi 300 asesinatos sin esclarecer, lo que los terroristas llaman "delación".

El mayor beneficio penitenciario contemplado en la ley es la libertad condicional, que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión. Los requisitos para acceder a ella son estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social.

El artículo 90.8 del Código Penal en vigor establece que "la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades".

La colaboración activa con las autoridades, según la ley, se traduce en "impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, atenuar los efectos de su delito o la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado".

Esta colaboración se tiene que acreditar mediante "una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades".

PAGAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL

"No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito", sentencia el Código Penal. Se trata de una cuestión que con frecuencia recuerdan las asociaciones de víctimas del terrorismo y el propio Ministerio del Interior, por ejemplo en la declaración de ayer en Málaga al recordar que los terroristas tienen que "pagar sus deudas".

Diferentes presos etarras recurrieron en el pasado a la 'Vía Nanclares' para acogerse a beneficios penitenciarios previo rechazo a la violencia. Ante la debilidad e indefinición de ETA tras el anuncio del fin de los atentados el 20 de octubre de 2011, otros miembros de la banda encarcelados han recurrido a declaraciones en el mismo sentido, aunque en muchas ocasiones usando expresiones de condena genéricas al "sufrimiento y el daño generado".

La Ley General Penitenciaria establece que la concesión del tercer grado a personas condenadas por delitos de terrorismo requerirá idénticos requisitos que los que se exigen para acreditar un buen pronóstico de reinserción social de cara a una libertad condicional, es decir, haber roto con la banda, colaborar con la Justicia y pedir perdón a las víctimas, además de haber asumido el pago de las indemnizaciones.

El tercer grado es el paso previo para acceder a la libertad condicional. En la mayoría de casos, permite salir todos los días de prisión con la única condición de volver al centro para dormir. La decisión de los grados de cumplimiento recae sobre Instituciones Penitenciarias, pero pueden ser recurridos ante el juez por el fiscal o el propio preso en caso de que no esté de acuerdo.

Las asociaciones de víctimas mostraron su discrepancia con la interpretación que se hizo del Reglamento Penitenciario para conceder el tercer grado a los etarras Josu Uribetxeberria Bolinaga o José Ignacio de Juana Chaos.

Sobre el segundo grado, el Reglamento Penitenciario fija que, si el preso ha cumplido un cuarto de su condena, entre otros requisitos, puede empezar a disfrutar de permisos para salir de prisión. Este tipo de permisos ordinarios comienzan a autorizarse en el tramo final de una pena para evitar el riesgo de fuga y porque su objetivo fundamental es preparar la adaptación del interno a su futura vida en libertad.

En estos casos, el preso debe haber asumido su crimen y haber mostrado colaboración con la Justicia, previo informe favorable por parte de la Junta de Tratamiento. Disidentes etarras como Urrusolo Sistiaga, Valentín Lasarte o Caride Simón disfrutaron de este tipo de permiso.