Dos ex altos cargos del Gobierno defienden la "legalidad" de las ayudas estatales a la Faja Pirítica de Huelva

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante su comparecencia ante la magistrada, que atribuye a ambas presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, Soledad Cordova ha puesto de manifiesto que la ayuda concedida por el Gobierno se otorgó conforme a la Orden Ministerial de 1995, de forma que "cumplía los requisitos exigidos" por dicha Orden y por tanto "fue legal".

Cordova, que únicamente ha contestado a las preguntas formuladas por la juez y por su abogada defensora, ha indicado que, en el caso de las ayudas que otorgó la Junta, "desconoce el procedimiento de concesión" que se siguió, aunque ha señalado que la Administración autonómica tenia "plena competencia" para otorgar ayudas en materia laboral.

Asimismo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la ex directora general de Trabajo del Ministerio ha asegurado que, en cuanto a la ayuda por la que ha declarado en relación a la Faja Pirítica de Huelva, la misma "iba fiscalizada previamente", ya que la Administración central contaba con dicha fiscalización, según ha remarcado.

La investigada también ha dicho que el Estado "siguió el procedimiento de la Orden, tal y como informa" la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como que los trabajadores de su expediente "cumplían los requisitos" de la Orden del 95 referida.

LOS "ERRORES" DE LA UCO

De su lado, la ex secretaria general de Empleo del Ministerio Carmen de Miguel García también ha afirmado que las ayudas del Estado se otorgaron conforme a la Orden de 1995, tal y como recoge el informe pericial de la IGAE y la investigada ha ratificado.

Esta investigada ha señalado que los trabajadores de los expedientes vinculados al Ministerio del ramo "cumplían los requisitos" y se ha remitido, en ese sentido, a los informes de la Inspección de Trabajo obrantes en la causa, añadiendo además que los listados de trabajadores "se revisaron", de forma que "si alguno no cumplía los requisitos, se anulaba" esa ayuda.

Ambas ex altos cargos han coincidido en criticar los "muchos errores" en que ha incurrido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, atestado que, a su juicio, "no tiene rigor", por lo que "no están de acuerdo" con sus conclusiones.

CARBONERO

La juez también ha tomado declaración este martes como investigados al ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004; a Rafael Varea, como secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2003 y como tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, y a un 'intruso'.

Las fuentes han destacado que la Fiscalía Anticorrupción no ha formulado pregunta alguna a ninguno de los investigados alegando que ha recurrido en apelación el auto de incoación de esta pieza separada para ampliar tanto los hechos como las personas investigadas y que este recurso aún no ha sido resuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla, por lo que le podría "causar indefensión".

De igual modo, la instructora ha citado a declarar este próximo jueves como investigado al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, que ha solicitado la suspensión de la comparecencia dada la "grave" enfermedad que padece, que le imposibilita desplazarse al Juzgado.

La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar referidas; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de diez sindicalistas, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

La instructora investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Cordova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis --Bolsa de Tharsis e Insersa-- y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica "ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado" de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

'INTRUSOS'

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que "nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica" y a la asignación de coeficientes reductores "falseados" para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que "como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'".

Asimismo, la instructora señala "el papel jugado" en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados a través de sus representantes sindicales "y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter".

A su juicio, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".