El Gobierno, satisfecho por la baja participación en el "simulacro de consulta"

Por otra parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está a la espera de la decisión que adopte la Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones que ha iniciado a raíz de que el Gobierno catalán decidiera llevar hasta el final el denominado proceso de participación ciudadana que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Una mayoría no participó

Según las fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, el Gobierno destaca que, pese a la campaña sistemática de "movilización y propaganda" realizada en los últimos meses por el Gobierno autonómico, una mayoría de catalanes decidió no participar, lo que es valorado positivamente por el Ejecutivo de Rajoy.

En el denominado proceso de participación celebrado en el día de ayer en Cataluña, podían votar aproximadamente 6.228.531 personas, de las cuáles acudieron a las urnas 2.305.290 personas, según los últimos datos divulgados por la Generalitat de Cataluña. De los que acudieron a votar, 1.861.753 votaron a favor de que Cataluña sea un Estado independiente.

No a un referéndum oficial

Las fuentes citadas advierten de que la convocatoria de este domingo "no cambia nada" y avisan de que "nadie va a sacar ningún rendimiento político del simulacro de consulta". Esta respuesta implica que el Gobierno rechazará la petición anunciada por Artur Mas de solicitar por carta la convocatoria de otro referéndum oficial sobre la independencia.

En este asunto, el Ejecutivo reitera que la soberanía nacional es única e indivisible, como dice la Constitución, el Tribunal Constitucional y como ha manifestado el Congreso de los Diputados en diversas ocasiones. De manera que la única vía que tiene el Gobierno catalán es buscar apoyos para reformar la Constitución.

A la espra de la fiscalía

Asimismo, el Gobierno está a la espera de las decisiones que pueda tomar la Fiscalía General del Estado tras las investigaciones abiertas por la misma después de que la Generalitat catalana decidiera incumplir el fallo del Tribunal Constitucional de suspender el denominado proceso participativo.

Anoche, en un comunicado, la Fiscalía General aseguró que continuaba recabando datos para valorar las "responsabilidades penales" derivadas del proceso y para si se diera el caso "ejercer las oportunas acciones legales".

En los días anteriores, la Fiscalía Superior de Cataluña pidió a la consejería de Educación que le informara si la Generalitat había ordenado la puesta a disposición de centros educativos para la consulta y si había participado en el buzoneo de la propaganda.