Esta autorización resulta necesaria según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOESPF), y por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.