El Gobierno pide al TC que anule la resolución del Parlamento de Cataluña que dio luz verde a un referéndum en 2017

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este viernes ha cuestionado la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el pasado 7 de octubre al existir un "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre.

El Gobierno ya solicitó al Tribunal de Garantías la nulidad de otra resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado 27 de julio, la que dio inicio al denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con España.

De hecho, el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado al respecto y acordó de forma unánime su nulidad. El Tribunal de Garantías también ha pedido a la Fiscalía que estudie proceder contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, después de que así se lo solicitara el propio Ejecutivo.

En esta ocasión, el Gobierno de Mariano Rajoy volverá a reclamar al Tribunal de Garantías para que requiera personalmente a la presidenta de la Cámara autonómica; a los demás miembros del de la Mesa de la institución y su secretario general; así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, según ha explicado Santamaría.

El objetivo de esto, ha señalado, es que esas personas "se abstengan de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas" y, también, que se deduzca "testimonio de particulares" para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, "ejerza las acciones que correspondan ante el tribunal competente acerca de la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido".

EL TC YA ANULÓ UNA RESOLUCIÓN "DE RUPTURA"

Santamaría ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ha suspendido la resolución aprobada sobre la iniciativa soberanista para justificar su nueva actuación contra otra batería de resoluciones. "Son un paso reiterativo por parte del Parlamento de Cataluña, muy similares en sus pronunciamientos", ha manifestado.

De hecho, ha concretado que las resoluciones recientemente aprobadas en Cataluña "se incorporan" al incidente de Ejecución que el Gobierno ya presentó ante el TC: "No es necesario abrir nuevos expedientes porque vuelven reiterar a lo mismo", ha explicado.

Las actuaciones del Gobierno contra estas resoluciones aprobadas, ha señalado Santamaría, responden al artículo 161.2 de la Constitución española que establece que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". El Tribunal de Garantías deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.