El Gobierno asume el control de los Mossos, la gestión económica y supervisará TV3

Se trata de algunas de las medidas que recoge el acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario al amparo del articulo 155 de la Constitución, por el que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy pedirá al Senado cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán. También reclamará para sí la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque espera que sea en menos tiempo.

Según el acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno continúa funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat. Y al acordar el cese de Puigdemont, Junqueras y los consejeros, la administración catalana actuará bajo "las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación en sustitución de aquellos". Mariano Rajoy ha señalado que en principio serán asumidas por los Ministerios.

Con ese propósito, y atendiendo a las necesidades que requiera "el normal funcionamiento" de las distintas áreas de actividad de la Administración de la Generalitat, los ministerios o el órgano que se cree podrá dictar y adoptar las disposiciones, actos o instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias asumidas; acordar nombramientos, cese o la sustitución temporal de las funciones correspondientes de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat.

De hecho, fuentes del Ejecutivo han explicado que el personal eventual que rodea al presidente de la Generalitat y los consejeros cesan por ley cuando cesa la autoridad que los nombró. Aunque Puigdemont cese en sus funciones al frente de la Generalitat, tanto él como sus consejeros podrán seguir como diputados.

En caso de incumplimiento de las disposiciones o actos dictadas por el órgano designado por el Gobierno de Rajoy se incurrirá en responsabilidad disciplinaria y se podrá proceder a su exigencia "de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar".

MEDIDAS SINGULARES PARA LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

En materia de seguridad y orden público, con el cese de Puigdemont y el consejero Joaquim Form, el Ministerio del Interior o el órgano que se designe "podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento" a los Mossos d'Esquadra. "Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de la Policía de la Generalitat de Cataluña- Mossos d'Esquadra", continúa este texto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.

El Gobierno advierte de que, "en el caso de que sea necesario", los Mossos podrán ser sustituidos por efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Es mas, avisa que los miembros de los Mossos pueden llegar a responder penal y patrimonialmente si incumplen las órdenes o instrucciones dictadas.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado en un 'breafing' informativo que "indudablemente" las competencias de la Consejería de Interior "las asumirá" el Ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, que puede tomar las medidas que considere "mejores para el fin del acuerdo" aprobado en el Consejo de Ministerios.

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA

También se habilita al Ejecutivo de Rajoy a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria para que, en "beneficio del interés general" se garantice la prestación de servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Con ese objetivo, se dictarán las medidas que permitan garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a Cataluña, así como los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a esta comunidad "no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista" o que "contravengan las medidas" contenidas en el acuerdo del Consejo de Ministros.

En el área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales, corresponderá a los órganos o autoridades que se creen "el ejercicio de las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales", así como "el ejercicio de las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las tecnologías de la información, y en particular, las funciones de gobierno y administración del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña".

Asimismo, señala que en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, se "garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial", así como "el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto".

Fuentes del Ejecutivo admiten que habrá que ver si el actual director de TV3, Vicent Sanchís, cumple las medidas acordadas o no por el Consejo de Ministros y que serán aprobadas por el Senado el viernes de la próxima semana antes de tomar cualquier decisión.

MEDIDAS DIRIGIDAS AL PARLAMENTO CATALÁN

En este apartado, se propone que mientras se mantenga la vigencia de estas medidas al amparo del 155 y hasta la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña surgido de las elecciones, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura.

Además, el Parlamento catalán no podrá ejercer funciones de control sobre los órganos y autoridades que sustituyan al Gobierno catalán. Esas facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponderán exclusivamente al órgano que designe a tal efecto el Senado.

Según este acuerdo, el Parlamento de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de organización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad. Además, se establecerá un derecho de veto, mediante el que el Ejecutivo se pronunciará en un plazo de 30 días sobre su conformidad o no con las iniciativas que tramite la Cámara catalana.

Según Sáenz de Santamaría, si el Parlament quiere aprobar una ley de Montes o una Ley de carreteras de la Generalitat puede hacerlo. "Lo que no puede hacer es aprobar leyes y proposiciones que vayan en contra del artículo 155, es decir, dejar sin efecto el 155", ha avisado.