Gobierno vasco cree que el recurso a la Ley de abusos policiales contiene "pretextos" y no argumentos jurídicos

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que el recurso a la Ley de abusos policiales interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy "está construido sobre pretextos" y no sobre argumentos jurídicos.

Además, ha negado que se atribuya a la comisión de valoración, que debe encargarse de las ayudas y medidas de reparación a estas víctimas, competencias "que invadan la función de jueces o tribunales", porque sus atribuciones "se sitúan en un marco administrativo y no penal".

El Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley vasca Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999, aprobada en el Parlamento vasco el 28 de julio del año pasado con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra del PP y de UPyD, y la abstención de EH Bildu.

La Norma vasca prevé la creación de una Comisión de Valoración que debe encargarse de analizar las solicitudes que presenten los damnificados para acogerse a las ayudas y medidas de reparación. El Ejecutivo central cree que la Ley atribuye a esta comisión funciones de investigación sobre posibles hechos delictivos cometidos en el pasado que, según la Constitución, estarían reservados exclusivamente a jueces y tribunales de justicia.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en San Sebastián, acompañado de la directora de víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Monika Hernando, Fernández ha afirmado que todavía no han tenido acceso al contenido del recurso del Gabinete de Rajoy, pero considera que "está construido sobre pretextos y no sobre argumentos jurídicos".

COMISIÓN DE VALORACIÓN

En este sentido, cree que se atribuye a la Ley "lo que no dice, para acto seguido tacharlo de inconstitucional". En todo caso, ha asegurado que la Norma no sólo no atribuye a la comisión de valoración "ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales, sino que excluye expresamente esta posibilidad". "Sus atribuciones se sitúan en un marco administrativo y no penal", ha aseverado.

Jonan Fernández ha manifestado que el proceso de reconocimiento de las víctimas "es administrativo, independiente al penal", y ha puntualizado que, si no fuera así, "cientos de víctimas no podrían ser reconocidas hasta que no hubiera una decisión judicial firme".

Tras afirmar que toda la Ley no ha sido suspendida, ha apuntado que, al parecer, se han suspendido diez cláusulas que afectan parcialmente a cinco artículos y a una disposición adicional. Por ello, ha anunciado que el Gobierno vasco seguirá trabajando "con paso firme" en esta materia, desarrollando la Ley en todo aquello en lo que no está suspendida.

Además, ha asegurado que defenderán ante el Tribunal Constitucional "la seguridad jurídica y la constitucionalidad" de esta Ley e informarán, "directamente y con absoluta transparencia" a las víctimas de la situación en la cual se encuentra su tramitación en todo momento. Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo vasco solicitará la opinión de instituciones, organizaciones y personalidades de la sociedad vasca relacionadas con la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, así como internacionales.

"CARRERA DE FONDO"

Fernández ha destacado que la causa del reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos es "una carrera de fondo" y, por tanto, aborda temas "muy trabajosos" en los que se está avanzando "en buena dirección", pese a que este recurso suponga "un jarro de agua fría". También ha apuntado, en respuesta a preguntas de los periodistas, que esta no es una cuestión que pueda vincularse "a una negociación presupuestaria de un momento determinado", como la que han mantenido el Gobierno central del PP y el PNV.

Tras mostrarse convencido de que las institucionales internacionales de defensa y reconocimiento de Derechos Humanos "no van a tener ninguna duda a la hora de responder" al recurso interpuesto por el Ejecutivo central, ha subrayado que ello supondrá "un aval importante", y se ha mostrado convencido de que los que "atacan" la Ley de abusos policiales "están contra la corriente de defensa de los derechos de las víctimas en el mundo" y la sociedad vasca encontrará la forma" de reconocer los derechos de "todas las víctimas".

Sobre la posibilidad de que el recurso prospere ha indicado que no contemplan tal hipótesis y, en todo caso, ha apuntado que hay cinco meses para defender ante el Constitucional "que no tiene ningún sentido" la suspensión de artículos de la Ley solicitada por el Gobierno central.

A ello ha añadido que irán decidiendo "en cada momento" los pasos a dar en defensa de esta normativa y ha incidido en que no hay "argumentos jurídicos firmes solventes", sino "pretextos o excusas" por parte del Gobierno central del PP para "no reconocer a una tipología concreta de víctimas".