El Gobierno cree que la Generalitat busca que sus leyes de ruptura se impugnen antes de la Diada para hacer victimismo

De hecho, la Mesa del Parlamento catalán no ha dado trámite aún al proyecto de ley de referéndum que se registró en la Cámara catalana a finales de julio a pesar de la expectativa que habían levantado los propios partidos independentistas de que se haría en la reunión del 16 de agosto.

La Mesa del Parlamento regional tampoco tramitó el martes la proposición de ley que Junts pel Sí y la CUP presentaron y registraron el día anterior de otra de las leyes de desconexión, el proyecto de 'ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república'.

Estos retrasos en calificar las leyes de ruptura han sido justificados por la presidenta de la Cámara regional y por el Gobierno catalán alegando "amenazas" del Estado y del Tribunal Constitucional. Incluso la propia Carme Forcadell alegó a mediados de agosto que no se puede exigir que estas leyes se tramiten con normalidad, porque "la situación no es normal, teniendo en cuenta que hay cinco miembros de la Mesa encausados".

No obstante, desde el Ejecutivo regional se ha dado a entender que la próxima semana se dará trámite a las citadas leyes de 'desconexión'. Pero no han aclarado si será mediante un decreto del Gobierno catalán o se tramitarán en el Parlamento. Pero para dar vía a esta segunda opción hay dos posibilidades. Una es que lo califique la Mesa, momento en el que el Gobierno central impugnaría la decisión ante el TC.

La segunda, que los partidos independentistas --JxSí y la CUP-- apelen en el próximo pleno, que tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre-- al artículo 81.3 del Reglamento del Parlamento catalán, que permite modificar el orden del día con el pleno ya en marcha para votar una iniciativa en ese mismo momento si lo piden dos grupos.

Pero tanto si eligen una tramitación parlamentaria como si optan por aprobarlo mediante decreto del Ejecutivo catalán, el Gobierno central lo impugnará. Según las fuentes del Gobierno, se han analizado todos los escenarios posibles para no dejar nada al azar. De hecho, no se descarta que se reúna el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para dar el visto bueno a la impugnación.

En el caso de que sea el Parlamento catalán quien lo apruebe, el Gobierno de Mariano Rajoy presentaría un incidente de ejecución de sentencia, y si las leyes de ruptura se aprueban por decreto, se presentaría un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, previo informe del Consejo de Estado. El equipo de Rajoy tiene incluso previsto el recurso en caso de que se cree alguna institución electoral.

BUSCAR EL RÉDITO POLÍTICO DE LAS IMPUGNACIONES

Pero las fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press creen que el Ejecutivo catalán --que ya ha reiterado que está "gestionando los tiempos con el objetivo de que el 1 de octubre se vote" en el referéndum de independencia--, está teniendo muy en cuenta el momento en el que el Gobierno de Rajoy puede presentar esa impugnación ante el TC con el fin de utilizarlo políticamente.

De hecho, se piensa que el retraso en la calificación de esas leyes por parte de la Mesa del Parlamento catalán, obedece, no tanto a sus posibilidades de tramitación, como al hecho de que la Diada se celebrará el próximo 11 de septiembre.

Estas fuentes creen que los independentistas buscan que el recurso del Gobierno e incluso, la suspensión cautelar que pueda hacer el TC de sus leyes de ruptura, se produzca en fechas muy próximas a la manifestación que tendrá lugar en la Diada.

El objetivo, aseguran, sería utilizar políticamente las impugnaciones del Gobierno para hacer victimismo --acusando al Ejecutivo central de "violencia judicial" como vienen reiterando-- para lograr una gran movilización popular en la calle ese día, con la que contestar al rechazo del Gobierno a que se celebre el referéndum del 1 de octubre.

Las fuentes consultadas por Europa Press explican que los independentistas son conscientes de que si aprueban en la Mesa del Parlamento catalán la tramitación de una ley para realizar un referéndum, cuya celebración y organización ha prohibido ya el TC, se arriesgan a responsabilidades incluso patrimoniales, que también podrían alcanzar a los funcionarios que coadyuvaran en la implementación de ese trámite.

Por ello, desde el Ejecutivo insisten en que el objetivo inmediato del Gobierno de Puigdemont es sacar rédito político de las impugnaciones que pueda realizar el Gobierno.