Garzón cree que los diputados deben mantener algún fuero para no quedar desprotegidos ante intereses económicos

En declaraciones a Europa Press, Garzón ha aceptado que el debate sobre el fuero de los parlamentarios debe ser afrontado por las Cortes Generales, pero ha remarcado que "no es lo mismo el aforamiento que el derecho a la libertad de expresión sobre determinados temas políticos que está amparado por ser diputado". "Eso puede ser algo positivo, mientras que el aforamiento como tal es negativo", ha precisado.

NO SE RENUNCIA INDIVIDUALMENTE

Garzón ha hecho esta afirmación el mismo día en el que su compañero de bancada Diego Cañamero ha presentado un escrito en el Congreso renunciando al aforamiento, pese a ser una figura incluida en la Constitución y el Reglamento de la Cámara.

El líder de IU ha coincidido en que "no se puede renunciar" a esta figura de protección jurídica porque es "una cuestión estructural" del ordenamiento jurídico y "no se renuncia individualmente", como en cambio sí se puede hacer con otras prebendas de los diputados como la tarjeta de taxis para sus desplazamientos o disponer de línea de ADSL en su domicilio.

En cualquier caso, ha reconocido que la petición de Cañamero "levanta un debate", que ha recordado que ya planteó IU en el Congreso en la X Legislatura, pero ha insistido en que debe ser un debate "mucho más amplio" que hay que afrontar "desde el rigor".

PROTEGIDOS ANTE LOS GRANDES BUFETES

Garzón ha insistido en distinguir dos figuras diferentes dentro del aforamiento. Por un lado acepta que "no tiene ningún sentido considerar a un político por el hecho de ser político por encima y con privilegios de derechos civiles superiores a la mayoría de la población o la totalidad". Pero a la vez cree que se deben mantener fórmulas que protejan la libertad de expresión de los diputados frente a posibles denuncias de grandes empresas.

"Cuando tengamos el debate tendremos la capacidad de distinguir qué se debe quitar y qué se debe quedar", ha adelantado insistiendo en la necesidad de 'blindar' a los parlamentarios frente a los grandes bufetes de abogados que puedan actuar contra ellos por determinadas denuncias contra élites económicas que se hagan en las Cortes Generales.