Forcadell pide su libertad alegando que renunciar al acta de diputada impide reincidir

En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa alega que "no solamente no ha participado en ningún delito en momento alguno, sino que, además, en fecha 22 de marzo de 2018, renunció a su acta de diputada" y su intención es dejar la política e incorporarse a su plaza de funcionaria en la Escuela Industrial de Sabadell.

La defensa de Forcadell, que ejerce la abogada Olga Arderiu, alega que "no tiene la más mínima tentación de huir sino de defender su inocencia como ha venido demostrando en todo momento en el presente procedimiento" y que ha cumplido escrupulosamente con las medidas cautelares impuestas desde que se la dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Sobre la no comparecencia de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, considera que el hecho de que no haya comparecido "no puede ser perjudicial para las personas que sí que voluntariamente" han comparecido ante Llarena pese a conocer perfectamente el riesgo de dicha comparecencia.

Forcadell recuerda al juez que dicha medida "no puede tener, en ningún caso, la consideración de pena anticipada, ni desde la perspectiva intimidatoria ni desde la perspectiva ejemplar, puesto que ello conllevaría presumir la culpabilidad".

NO HUBO ALZAMIENTO

En su escrito, Forcadell asegura, sobre los delitos por los que ha sido procesada, que no hubo ningún alzamiento público y violento para declarar la independencia de Cataluña y que el objetivo de lograr la independencia se encuentra amparado por el derecho a la libertad ideológica.

Su abogada ha recordado que Forcadell, en su declaración ante el magistrado Pablo Llarena el pasado viernes, afirmó ser "una persona absolutamente pacifista" y que si para perseguir su ideología es precisa la violencia, antes abandonará sus ideas que permitir ningún acto violento.

Además, en su condición de presidenta del Parlament llevó a cabo en todo momento "una actuación plenamente acorde con el Reglamento de la cámara" y que estaba amparada por la inviolabilidad parlamentaria.

Ha reiterado los mismos argumentos expresados en el recurso contra el auto de procesamiento sobre que la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre del pasado año no tenía efecto jurídico alguno, y que "su finalidad era, exclusivamente y en todo momento, conseguir una vía de negociación con el Gobierno central".