Fiscalía investiga a Turull por donar a su esposa un piso y una cuenta meses antes del 1-O

La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado incoar diligencias de investigación al candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Turull, por presuntamente poner "parte importante" de su patrimonio a nombre de su esposa, ya que está siendo investigado por su participación en la organización del referéndum del 1-O.

Fuentes conocedoras de la investigación han explicado a Europa Press que hizo una donación a su mujer de una vivienda y una cuenta corriente el 8 de junio de 2017.

Según el escrito del fiscal recogido por Europa Press, Turull puede haber cometido un delito de alzamiento de bienes del que también puede ser responsable su mujer, y que consiste en ocultar un patrimonio ante una eventual deuda.

El fiscal constata que Turull está investigado por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros, "no resultando descartable" que deba responder económicamente si se derivan responsabilidades civiles.

La Fiscalía contra la Corrupción envió el 15 de marzo a la Fiscalía Superior un escrito con documentación sobre la formalización de un negocio jurídico de donación, por el que Turull "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" en favor de su esposa.

"En tales circunstancias", convertir a su mujer en titular de bienes de él puede ser delictivo como fija el artículo 257 del Código Penal, según el fiscal.

La Fiscalía Superior de Cataluña es competente para investigar a Turull porque ya era aforado en la pasada legislatura como diputado del Parlament y sigue siéndolo en la actual, añade, y encarga las diligencias al fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio.

NOMBRADO CONSELLER DE PRESIDENCIA

Siendo diputado Turull, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le nombró conseller de la Presidencia y portavoz el 14 de julio.

Turull realizó esta donación a su mujer cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya había abierto una investigación contra la entonces consellera de Gobernación Meritxell Borràs por la licitación de urnas para el 1-O por desobediencia, prevaricación y malversación.

El 8 de septiembre, tras aprobarse las leyes de desconexión y convocarse formalmente el referéndum, el TSJC admitió a trámite dos querellas presentadas por la Fiscalía Superior de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlament por la aprobación de la ley del referéndum y contra el Govern por el decreto de convocatoria del 1-O.

La querella contra el presidente Carles Puigdemont y su Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumuló al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs.