Fiscalía pide tres años de cárcel a dos empresarios por degradar el paisaje con maquinaria en el entorno de Doñana

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, acusa a estos dos empresarios de un presunto delito de daños en bien de dominio público, en concurso con un delito de construcción ilegal en suelo de especial protección.

Además de la pena de cárcel, pide para cada uno el pago de una multa de más de 12.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante tres años. Por estos hechos, ambos serán juzgados este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2.

A su vez, en concepto de responsabilidad civil, entiende la Fiscalía que los acusados, conjunta y solidariamente, deberán ejecutar un plan de restauración que, aprobado por la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, suponga la regeneración total del terreno ilegalmente transformado para devolverlo a su estado anterior.

En su defecto, lo hará la Administración a su costa, embargándoles bienes o dinero suficientes para ello partiendo del informe pericial obrante en la causa sobre los daños y el coste de restauración.

Según señala el fiscal, los acusados, uno como encargado de una empresa y el otro como administrador de otra de transportes, en la finca 'Don Sancho', sita en el paraje 'Laguna de Palos', usando maquinaria pesada en octubre de 2014 extrajeron áridos, eliminaron vegetación y ampliaron en anchura un antiguo camino sito en zona forestal y Zona A del Potad.

El paraje afectado colinda con la 'Laguna de Palos' y el 'Estero Domingo Rubio', el cual forma parte del paraje Natural 'Marismas del Odiel' y forma parte de los 'LICS' de 'Marismas y Riberas del Río y Estuario del Tinto', habiéndose también declarado zona de especial protección para las aves (ZEPA) por la importancia de la avifauna existente en la zona, como patos buceadores.

Para estos trabajos, los acusados no contaban con autorización alguna por parte de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento y, a juicio del fiscal, éstos han realizando una actividad prohibida por la legislación urbanística y medioambiental vigente y llevado a cabo obras de urbanización en suelo sujeto a especial protección, como parte del dominio público forestal, afectando la orografía del terreno, incumpliendo la prohibición de edificar-construir en dicho suelo y causando unos daños y costes de restauración tasados por la Delegación de Medio Ambiente en unos 1.500 euros.