Piden cárcel para un mosso por grabar a compañeras en ropa interior

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal acusa al que era agente de la unidad de investigación de los Mossos de Barcelona Iván P. por 17 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, por los que también reclama que tenga que indemnizar con 10.000 euros a cada agente.

Los hechos sucedieron entre diciembre de 2014 y el 19 de julio de 2015 en unas dependencias de los Mossos en Badalona: allí, el acusado supuestamente colocó en los bancos del vestuario femenino un dispositivo de grabación "oculto en una bolsa de deporte".

Así, "con el ánimo de menoscabar la intimidad de sus compañeras", Iván P. procedió a grabar las imágenes de hasta un total de 17 compañeras mientras se cambiaban de ropa, pudiendo observarse en las imágenes a las agentes en ropa interior y mostrando diversas partes de su cuerpo.

La tarjeta de memoria de la cámara intervenida contenía 45 imágenes del vestuarios y, en 18 de ellas, aparecían imágenes de las agentes en ropa interior, según el escrito de acusación de la Fiscalía en un caso que está pendiente de juicio.

En el registro de su domicilio, en presencia del acusado, se intervino un disco duro de su ordenador que contenía un archivo de vídeo filmado con un teléfono móvil, con imágenes de diversas agentes de los Mossos mientras se cambiaban de ropa en el mismo vestuario.

MULTA E INHABILITACIÓN

Además de la pena de cárcel y la indemnización, la fiscal reclama que el acusado pague una multa de algo más de 11.500 euros y que sea inhabilitado para ejercer como mosso d'Esquadra durante el tiempo de la condena.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado de Badalona que ha investigado el caso le ha impuesto una fianza de 170.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles y ha decidido mantener la situación de libertad provisional del acusado.

La jueza ha declarado abierto el juicio oral contra Iván P. por los 17 supuestos delitos, ha enviado la causa a la Audiencia de Barcelona para que este tribunal lo juzgue y ha acusado a la Generalitat como responsable civil subsidiario.