Fiscalía pide penas que suman 181 años de cárcel para los siete acusados por el asesinato del alcalde de Polop

La Fiscalía ha solicitado provisionalmente penas que suman 181 años de cárcel para los siete acusados por el caso del asesinato del alcalde de la localidad alicantina de Polop de la Marina en octubre de 2007, Alejandro Ponsoda.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, pide para el que fuera concejal de Urbanismo del municipio y sucesor de Ponsoda como primer edil, Juan Cano, 25 años como presunto instigador del asesinato. La misma pena ha solicitado para otros tres sospechosos, un empresario y los responsables de un local de alterne de Finestrat, también como presuntos inductores de un delito de asesinato, con alevosía y precio, en concurso con otro de atentado a la autoridad.

Por su parte, para los tres acusados de ser los autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda solicita 25 años, más otros dos años por tenencia ilícita de armas.

El ministerio público destaca en sus conclusiones provisionales el "rencor" que sentía el concejal por el entonces alcalde. Así, explica que Cano fue edil de Urbanismo hasta 2003, cuando fue relegado de las listas electorales al puesto décimo por unas supuestas grabaciones en las que pedía dinero a un empresario, hechos en los que no obtuvo el apoyo de Ponsoda. No obstante, el fiscal destaca la obsesión de Cano por hacerse con el control del área de Urbanismo de la localidad y del Ayuntamiento, por lo que en 2007 volvió a la política activa como número 2 de las listas electorales, aunque con desencuentros con el primer edil.

Por ello, junto con el empresario y por la "animadvesión" que ambos sentían contra Ponsoda, habrían planeado su muerte, con la colaboración de los responsables del club de alterne.

De este modo, habrían contactado con un testigo protegido al que, tras un primer encuentro, en una reunión posterior en la zona VIP del local le ofrecieron 35.000 euros para llevar a cabo el encargo, que él rechazó.

Como consecuencia, contactaron con los otros tres acusados materiales del crimen, dos de nacionalidad checa y un español, que accedieron a asesinar al alcalde por 50.000 euros. Lo hicieron el 19 de octubre de 2007, cuando sobre las 21.20 horas acudieron al domicilio de Ponsoda, en la pedanía de Xirles, y cuando éste llegó en su vehículo, se acercaron por el lado del conductor e "introdujeron el arma a través del hueco de la ventana, disparando sucesivamente en tres ocasiones, de forma sorpresiva, huyendo rápidamente del lugar".

Como consecuencia de los disparos, una de las balas impactó en la cabeza del alcalde, de 54 años, que fue ingresado muy grave en el Hospital General de Alicante, donde murió el 27 de octubre. Las pistolas no han sido localizadas y ninguno de los tres posee licencia de armas.

La fiscalía pide también una orden de alejamiento de los acusados sobre las dos hijas del fallecido durante 26 años. Además, como responsabilidad civil, reclama 120.000 euros para cada una de las hijas y que abonen a la Agencia Valenciana de Salud los gastos generados por la atención a Ponsoda, que ascienden a más de 3.500 euros.