Fiscalía de Sevilla mantiene petición de dos años de cárcel para el exedil de IU Torrijos por los suelos de Mercasevilla

De manera alternativa, el Ministerio Público solicita que se condene a los diez acusados por un delito societario

La Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas retira su acusación contra Torrijos, Crespo y Sánchez Domínguez

La Fiscalía de Sevilla ha mantenido este jueves su petición de condena de dos años de cárcel para el ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos y para los otros nueve acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

Además de a Torrijos, el Ministerio Público acusa al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; al ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo; a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante; al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y al exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.

Durante el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, que este jueves ha cumplido 16 sesiones, el representante del Ministerio Público, Juan Enrique Egocheaga, ha elevado a definitiva su petición para los diez acusados de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de fraudes y exacciones ilegales, mientras que también solicita nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación para Mellet y Sánchez Manzano.

De manera alternativa, y para el caso de que se estimara la cuestión previa planteada por la defensa de Mellet sobre la no consideración de Mercasevilla como administración pública en la realización de estos hechos y de la no consideración penal del encausado como funcionario público, la Fiscalía ha pedido condenar a los diez acusados por un delito societario del artículo 295 del Código Penal con la misma pena de dos años de cárcel.

RECLAMA LA NULIDAD DEL CONCURSO

Además, el fiscal ha pedido que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo.

De su lado, la acusación particular que ejerce el abogado Miguel Salas en nombre de la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas ha modificado su escrito de conclusiones provisionales y ha retirado la acusación contra Torrijos, Crespo y Sánchez Domínguez, manteniéndola contra Luis Sánchez Manzano, Fernando Mellet y Domingo Enrique Castaño, para los que pide dos años de prisión por un delito societario.

Asimismo, la Asociación de Mayoristas ha modificado su inicial petición de responsabilidad civil y se ha reservado de forma expresa la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio y si a ello hubiera lugar, es decir, en caso de que se produjera una sentencia condenatoria.

Por su parte, la acusación particular que ejerce Mercasevilla ha mantenido su petición de dos años de prisión y hasta 17 años de inhabilitación para los diez acusados por delitos de fraude y exacciones públicas en concurso con otro delito de prevaricación, modificando sus conclusiones provisionales en el sentido de que Sando sea también considerada responsable civil subsidiaria de la indemnización de 25 millones de euros que reclama.

ACUSACIÓN "SORPRESIVA"

Una vez conocidas las modificaciones incluidas en sus escritos de conclusiones provisionales por las acusaciones, el abogado de Gonzalo Crespo, Miguel Villegas, ha aseverado que el Ministerio Público "no tiene legitimación" para acusar por un delito societario, lo que ha calificado de "nueva acusación sorpresiva" que "genera indefensión" a las partes.

El letrado, que ha mostrado su "perplejidad" ante la nueva acusación del Ministerio Público, ha reclamado por ello a la juez Yolanda Sánchez Gucema la suspensión del procedimiento "al menos durante diez días" para ver "si es necesario practicar alguna prueba para neutralizar la acusación" del fiscal o incluso si es necesario devolver la causa a instrucción.

La juez, no obstante, considera que no se trata de un "trámite sorpresivo" y ha instado a las defensas a que, en la sesión de este viernes, presenten sus conclusiones provisionales y realicen las alegaciones oportunas a las modificaciones realizadas por las acusaciones, precisando así "por qué consideran" que dichas modificaciones les pueden generar indefensión.

Asimismo, la juez ha dicho que será ella la que decida si la Fiscalía tiene o no legitimación para acusar de un delito societario.