La Fiscalía niega haber ordenado al fiscal de La Rioja desistir de su investigación al vicepresidente del Senado

La Fiscalía General del Estado ha negado este jueves haber emitido orden alguna respecto de causas abiertas al vicepresidente del Senado y expresidente de La Rioja Pedro María Sanz Alonso. El juzgado de instrucción número 3 de Logroño archivó a finales del pasado año la causa en la que investigaba presuntas irregularidades urbanísticas para la construcción de un chalet de su propiedad, una causa en la que el fiscal no vio indicios de delito.

El procedimiento había sido abierto en noviembre en relación con la aprobación, en 2013, del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad Villamediana de Iregua, donde se legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable. Entre ellas estaba la de Sanz, que pasó de ser una casa de aperos a un chalet de dos plantas.

La juez trataba de averiguar si el planeamiento municipal respecto a esos terrenos se basó en motivos espurios "que anteponen la voluntad de quienes votan a favor de la aprobación del Plan General a las disposiciones de la ley por permitir la legalización de la vivienda del - entonces- presidente del Gobierno de La Rioja".

El fiscal asignado a la causa informó que los indicios no eran suficientes para ordenar la investigación penal, por lo que las actuaciones fueron archivadas.

La Fiscalía General del Estado ha realizado su precisión sobre este asunto después de que ayer se conociera que el informe de la Fiscalía Anticorrupción contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' siguiera los criterios previamente establecidos por seis fiscales jefe consultados por el fiscal general, José Manuel Maza.

Dicha decisión acogió lo señalado por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo. En este caso Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".