La Fiscalía pide que vuelvan a declarar el duque de Palma y Diego Torres

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que fue en la tarde de este viernes cuando Hacienda presentó su informe dentro de esta causa, cuyos datos derivarían en la imputación de un delito contra la Hacienda por una defraudación de 240.000 euros en el año 2007 por parte de Nóos, y otros dos delitos contra Urdangarin por fraude en el IRPF en 2007 y 2008 por más de 120.000 euros en cada ejercicio.

No está previsto que, después de que el Ministerio Público haya realizado esta solicitud para conocer la versión de los dos imputados, el magistrado resuelva al respecto en esta jornada. De este modo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma deberá pronunciarse en las próximas semanas no sólo en torno a la citación de ambos sino también sobre la fianza civil de 8,2 millones de euros que reclaman la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular.

El magistrado ya manifestó en un auto que la aparición de nuevos hechos que pudieran revestir reproche penal "no habrán de causar indefensión" a Urdangarin puesto que, aseguraba, de surgir indicios de la comisión de otros delitos "se le ofrecerá amplia posibilidad de que facilite su versión sobre ellos".

Los investigadores apuntan que Urdangarin y Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.

Y es que las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.