Fiscalía cree que Crespo evitaba "cualquier tipo de control" sobre Emarsa y eleva a 24 años su petición de pena

El ministerio público ha comenzado este lunes a exponer sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados.

Así, requiere un incremento de la pena para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta --de 12 a 24 años de prisión-- y para Enrique Crespo --de 14 a 24 años--. A estos dos acusados les reclama más pena al dividir en dos los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales. Esto es, les atribuye los mismos delitos dos veces porque se cometieron en dos lugares distintos: Emarsa y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

Para el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, rebaja la pena de prisión de 14 años a 10, mientras que para el exjefe de Explotaciones de la misma entidad Ignacio Bernácer, la condena que le solicita se queda en tres años y seis meses después de que éste admitiera los hechos que se le atribuían y devolviese parte del dinero desviado.

Otros acusados que han conseguido una rebaja en la pena requerida por la fiscal son Santos Peral, exjefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de València, para el que reclama nueve meses y un día de cárcel sustituible por una multa de 3.360 euros; e Ignacio Martínez Maiques, ex jefe de compras e igualmente miembro del PP, que se enfrenta a la misma pena que Santos Peral.

Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se enfrenta a 10 años de prisión; Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, a dos años y medio; y Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, a cinco años de cárcel.

Para Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec, la Fiscalía solicita ocho años de prisión; para María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín', dos años y medio; para la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil, cinco años; para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis, 10 meses y tres días de cárcel; para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua, siete años; y para Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, 11 meses de cárcel.

Por su parte, Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa, se enfrenta a 11 meses de prisión; igual que Leonor Moreno, abogada de la entidad y Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada. Así mismo, Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín', se enfrenta a cinco años de prisión; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, a siete años; y José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, a un año y nueve meses.