Fiscalía y Constitucional contraatacan con firmeza

El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la Ley del referéndum aprobada por los independentistas. Por unanimidad y reunidos de urgencia, los 12 magistrados han aceptado a trámite los cuatro recursos, entre ellos el de inconstitucionalidad, presentados por el Gobierno.

Este alto tribunal suspende también los decretos firmados para la convocatoria y organización del 1 de Octubre, así como los nombramientos de la sindicatura electoral, que suple a la Junta Electoral en el proceso independentista. Y lo hace por un plazo de cinco meses prorrogable y acepta el incidente de ejecución de sentencia por la Ley de transitoriedad.

Deja así sin validez al procés y anuncia a todos los altos cargos de la Generalitat, entre ellos al president Carles Puigdemont, 947 alcaldes de Cataluña y diferentes autoridades, como al Mayor de los mossos, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa relativa a la organización del referéndum.

Más sanciones también llegan por parte de la Fiscalía General del Estado que ha anunciado querellas contra la Mesa del Parlament y el Gobierno de la Generalitat. Todas advertencias sordas para un Puigdemont firme en el desafío soberanista.