Fiscal Anticorrupción muestra su extrañeza por que sólo se investiguen 3 casos por corrupción de empresas en el exterior

El fiscal Conrado Alberto Saiz, adscrito al unidad del Ministerio Público contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha mostrado este jueves su extrañeza por que sólo haya tres procesos judiciales abiertos sobre corrupción de empresas españolas en el exterior. "O algo se ha hecho mal o nuestras empresas son escrupulosas en el estándar ético y en la conservancia de buenas prácticas", ha comentado.

Conrado Alberto Saiz se ha expresado de esta forma en el marco de la conferencia 'La corrupción en transacciones internacionales y su afectación económica en las empresas españolas', que se ha celebrado en San Lorenzo de El Escorial dentro de un curso de verano de la Universidad Complutense organizado por la Fundación Policía Española.

El fiscal ha recordado que el delito de corrupción en las transacciones internacionales tiene una vigencia en el Código Penal de 17 años. "Únicamente hay tres procedimientos en curso por este delito que se estén instruyendo en la Audiencia Nacional y ninguno ha empezado por una denuncia de una empresa", ha explicado.

Conrado Alberto Saiz se ha remontado a la alerta de 2012 de las autoridades de Luxemburgo por una transferencia de 45 millones de euros desde una cuenta de una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Defex y Comercial Cueto 92 a una oficina del Dexia Banque.

De esa investigación nace la 'Operación Angora' de la Guardia Civil. En el verano de 2014 son detenidas cinco personas, entre ellas los altos cargos de Defex, una empresa semipública dedicada a la exportación de material de defensa.

Este fue el embrión del segundo caso relacionado con un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. "Es el 'caso Defex' en relación con corrupción en el suministro de material de defensa y se seguridad con Camerún, Arabia Saudí, Brasil y Egipto, y surge como conexión del primero, que luego se desgaja con unas diligencias independientes".

El representante del Ministerio Público ha recordado que, en el marco de estas diligencias, se investigó a los entonces dirigentes del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. "En este caso fue un trabajador el que denuncia porque estas dos personas le deben dinero", ha indicado.

El tercer y último procedimiento, según su exposición, es el del 'caso Mercasa', otra empresa pública encargada, en este caso, del abastecimiento de mercados. La Audiencia Nacional investiga, entre otros, a Pablo González (directivo de la empresa y hermano de Ignacio González, ambos en prisión por el 'caso Lezo') por la firma de un contrato para montar un mercado mayorista en Angola.

DELITO UNIDO A BLANQUEO Y COHECHO

"El delito va siempre unido a otros anexos como el blanqueo, cohecho y organización criminal ya que el pago de sobornos", ha detallado el fiscal, "no se hace de forma directa sino a través de acuerdos de consultoría para, por supuesto, buscar un enriquecimiento personal".

El delito en las transacciones internacionales está caracterizado por la figura del consultor, entre otros aspectos como la "ausencia de denuncias". "Es un hecho que tiene que llevar a una reflexión, porque sólo tenemos una sentencia de febrero de 2017 por corrupción con el Ministerio de Educación guineano, con pena muy pequeñas para dos personas", ha señalado.

Conrado Alberto Saiz se refería de esta forma a la condena a un año de prisión de dos empresarios de una editorial por corrupción en las transacciones internacionales, al quedar acreditado que transfirieron 70.000 euros en 2007 a altos cargos de Guinea Ecuatorial con el fin de conseguir nuevos contratos. Se trata de la primera sentencia por este delito en España.

"Desde el ámbito económico, las empresas españolas tienen un gran potencial en el ámbito internacional, en el caso de Hispanoamérica son empresas que compite directamente con las estadounidenses", ha comentado el fiscal, recordando el papel activo de la potencia americana en la OCDE, que han derivado en "críticas hacia España, a la que se achaca que no sea activa en la investigación de este delito".