Expertos instan al Congreso a poner límites a la financiación de las fundaciones políticas y a cerrar la "barra libre"

Los dos expertos del ámbito académico que han comparecido este lunes ante la Comisión Anticorrupción del Congreso han coincidido en cuestionar la actual legislación sobre financiación de partidos políticos y han sugerido la necesidad de que se pongan límites a la financiación de las fundaciones a ellos vinculadas que, desde su punto de vista, funciona como una "barra libre" desde que en 2012 se suprimió el tope máximo para las aportaciones de empresas privadas a estas entidades.

En concreto, el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid Óscar Sánchez Muñoz se ha lamentado de que la legislación española en materia de financiación de organizaciones políticas ha sido "un enorme colador" y, aunque ha admitido mejoras gracias a las últimas reformas, ha subrayado que aún queda mucho por hacer.

Sánchez Muñoz ha arrancado su comparecencia con la metáfora de que "el dinero es como el agua, que siempre encuentra su camino", una frase que, a su juicio, define muy bien lo que ha venido ocurriendo con la financiación de los partidos en España. Desde su punto de vista, aunque se han ido tomando medidas, la legislación vigente sigue dejando abiertos "muchos resquicios" para las irregularidades, uno de ellos el de las fundaciones vinculadas a las organizaciones políticas.

En este punto, ha coincidido con el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha Manuel Maroto Catalayud, en que la reforma de 2012, mediante la que se eliminaron los topes para las donaciones a la fundaciones de los partidos, ha servido a las empresas --incluso a aquellas que contratan con la administración pública, que pueden suscribir convenios con las fundaciones-- para burlar la prohibición de que las personas jurídicas donen dinero directamente a los partidos políticos que rige desde 2015.

SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA PRIMARIAS

"Barra libre", ha resumido Sánchez Muñoz, una expresión que ha suscrito Maroto, para quien no hay ninguna excusa para permitir que siga abierta una vía "para evadir las normas de la ley de financiación de partidos". "Hay que tomarse esta cuestión en serio de una vez por todas", ha reclamado.

También Maroto Calatayud ha denunciado que la España ha sufrido "30 años de regulación ciertamente deficiente" en esta materia, ha apostado por abrir un debate profundo sobre la financiación y ha animado a los diputados a que, en tanto que legisladores, se alejen del ámbito partidista para afrontar nuevas reformas con "racionalidad".

El profesor Sánchez Muñoz se ha mostrado partidario de seguir combinado la financiación pública -eso sí, repartida de forma "equitativa"-- y privada de los partidos, de forma que se garantice su suficiencia y su estabilidad financiera, y ha llegado a proponer que se subvencionen las primarias internas para cubrir los gastos de los distintos candidatos.

También ha defendido una "limitación férrea" de los gastos electorales, dejando claro que la labor del Tribunal de Cuentas en este terreno ha sido "manifiestamente insuficiente" pese a la "buena voluntad" de sus funcionarios porque, naturalmente, en la contabilidad que le pasan los partidos políticos no se incluyen las posibles irregularidades. Por eso ha pedido que se refuerce la capacidad de investigación del órgano fiscalizador.

INCENTIVOS FISCALES PARA DONAR A PARTIDOS

Además, para incentivar la participación de los ciudadanos en la política ha propuesto que se fomenten las pequeñas donaciones de particulares a los partidos a través de "incentivos fiscales regresivos" o de complementar estas aportaciones privadas con otras públicas, fijando que por cada euro donado, el Estado pondrá otra cantidad, como ya se hace en otros países. Eso sí aumentando los controles para evitar que esta fórmula se use para el blanqueo de pequeñas cantidades (pitufeo).

Asimismo, Sánchez Muñoz ha animado a los grupos a regular la utilización de Internet para la realización de estas aportaciones con el fin de evitar que se pueda sortear la ley y ha implantar un sistema que obligue a los partidos a dotar de plena transparencia a sus cuentas, publicándolas con un lenguaje accesible.

De su lado, Maroto Calatayud, que es miembro de la Comisión de Garantías de Podemos en la Comunidad de Madrid, ha criticado que la legislación penal se ha utilizado como "muleta" y para suplir las carencias de una legislación administrativa "altamente defectuosa" y ha puesto como ejemplo la inclusión en la reforma de 2015 del nuevo tipo penal de "financiación ilegal de partidos", a su juicio, "extraordinariamente defectuoso y llamativamente malo desde el punto de vista técnico".

LEGISLAR SOBRE DEMOCRACIA INTERNA

En su opinión, "no se puede poner el control de las finanzas de los partidos sólo en manos de la jurisdicción penal", sino que deben ser las organizaciones políticas los que establezcan mecanismos de control y se sometan a otros órganos especializados. En este punto, ha abogado también por reformar el Tribunal de Cuentas.

Además, ha puesto de relieve que en España tradicionalmente se ha dado una "confusión entre las formas de responsabilidad política y responsabilidad jurídica o penal". Así, ha denunciado que cuando hay casos de corrupción los partidos suelen remitirse al futuro juicio evitando asumir responsabilidades políticas.

"Se ha desertizado el ámbito de la responsabilidad política", se ha lamentado, planteando como solución que se regule sobre la democracia interna de los partidos fijando "estándares mínimos" por ejemplo sobre el funcionamiento y la composición de las comisiones de garantías, de forma que sean órganos verdaderamente independientes. También ha esbozado la posibilidad de vincular la financiación pública a la democracia interna.