Expertos plantean dar más poder a las CCAA como contrapeso al Gobierno a través del Senado, incluso vetando Presupuestos

El Senado debe reformarse para que las Comunidades Autónomas, que también son parte del Estado, puedan ejercer de contrapeso al poder del Gobierno, especialmente en cuestiones que les afecten de manera particular, como es el caso de la legislación laboral, la educación o la lengua, pero también los Presupuestos Generales del Estado.

Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado el grupo de trabajo creado en el seno de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) para hacer aportaciones sobre el debate en torno a la reforma constitucional y que ha ido trabajando en el documento a lo largo del último año.

Bajo el título 'Reflexiones para una reforma constitucional: la reforma de la organización territorial del Estado', más de 20 profesionales del ámbito jurídico, empresarial, de los despachosprofesionales, de la academia y de la administración pública apuestan por transformar el Senado es una cámara territorial que tome como modelo el Bundesrat alemán o el Consejo de la Unión Europea.

VOTO PONDERADO

Los expertos consideran que sería más eficiente que esa nueva cámara territorial esté formada por "miembros o delegados de los gobiernos autonómicos", cuyos votos no deberían valer lo mismo. "La diversidad que caracteriza a las distintas autonomías no hace aconsejable la igualdad de voto entre ellas, pero el factor población, de innegable trascendencia en el Congreso, debe ser ponderado por otros criterios que permitan establecer una gradación limitada en el número de votos que corresponde a cada Comunidad Autónoma", precisa el texto.

En la presentación del documento, uno de los coordinadores del trabajo, el catedrático de Derecho en la Universidad Pública de Navarro, Ignacio Borrajo Iniesta, ha instado a los representantes políticos a "tomarse en serio" la "necesidad de adaptar al siglo XXI" la actual Carta Magna.

Y ha reivindicado que la reforma del Senado en el sentido que propone el documento "cambiaría la dinámica política" y evitaría las negociaciones bilaterales entre el Gobierno y determinados territorios "al margen de las instituciones".

El informe se centra exclusivamente en la reforma del Estado de las autonomías al entender que es de especial "urgencia y gravedad", aunque en el grupo de trabajo también se han debatido otros aspectos susceptibles de modificación, como la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona, entre otros.

Los expertos se muestran contrarios a nombrar a las Comunidades Autónomas en el texto constitucional porque entienden que introduciría una "rigidez excesiva en el mapa autonómico". Sí apuestan en cambio por eliminar de la Constitución la afirmación de que la circunscripción electoral es la provincia, para dar más flexibilidad en este punto a la legislación electoral.

El grupo de trabajo no ha llegado a un consenso respecto del listado de competencias que deberían ser exclusivas del Estado y las que quedarían en manos de las Comunidades Autónomas, como tampoco se ha acordado qué solución dar a Cataluña: mientras unos defienden que es posible mejorar su autogobierno sin necesidad de tocar la Constitución, otros abogar por que este territorio debe tener un reconocimiento constitucional específico.

El documento lo han coordinado Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo de la UNED y Juan Martínez Calvo, abogado y socio de Deloitte Legal, con la colaboración de Ignacio Borrajo Iniesta.