Exconsejero de CyL recurre su citación en el caso de 'La Perla Negra' al atribuirla a meras "sospechas"

En su recurso de reforma ante el propio juez instructor, elaborado por el letrado Juan Manuel García-Gallardo, el ex alto mandatario castellanoleonés--también ha sido incluido esta semana como investigado en la 'trama eólica'--reprocha que el auto de César Gil Margareto atiende la petición de la Fiscal Jefe, Esther Pérez, tras 3 años y 7 meses de práctica de diligencias sin que hasta el momento se hallara prueba alguna de incriminación contra su persona.

"Ser consejero de Economía no es título de imputación jurídico-penal, y esa obviedad no cambia por el hecho de que Rafael Delgado, viceconsejero y luego secretario general, haya sido y esté siendo investigado por presuntas conductas que, de ser ciertas, serían delictivas. Sin duda, aplicando ese criterio, durante 3 años y 7 meses han sido instruidas estas diligencias previas sin atribuir a quien fue consejero de Economía la condición de investigado", apunta el defensor en su recurso al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Esa situación jurídica, advierte, se ha visto ahora alterada. "De forma sobrevenida, cambia el criterio, apartándose del que esta parte considera correcto, y se atribuye a mi mandante la condición de investigado, produciendo el efecto perverso, generador de indefensión, de seguir la investigación contra él valorando, como supuestamente de

cargo, datos o instrumentos de prueba que, durante 3 años y 7 meses, no han sido idóneos ni suficientes para dirigir la investigación contra mi mandante".

Pero además, Villanueva, a través de su defensor, escuda su inocencia en el hecho de que los actos que se le imputan, "ajustados a informes técnicos y propuestas previos, no son constitutivos de infracción penal alguna"--fueron aprobados por el Consejo de Administración de Gesturcal, del que él no formaba parte--, al tiempo que acusa a la Fiscal Jefe de dar "un salto a un vacío probatorio" cuando, "con palmaria orfandad probatoria", plantea como hipótesis que fue la persona que trasladó información privilegiada a Urban Proyecta PM 3, S.L. respecto de los planes de adquirir del polémico edificio de 'La Perla Negra' en Arroyo de la Encomienda.

"Esa disyuntiva, que podía plantearse desde la incoación de las Diligencias, no puede racionalmente diluirse atribuyendo la autoría de la supuesta revelación a mi representado. Y no puede atribuirse esa autoría a mi mandante puesto que no hay prueba alguna, ni documental, ni presencial, que relacione a mi mandante con esa sociedad", sostiene el defensor.

También censura la postura de la acusación pública en cuanto a que,

"consciente de la ausencia de actos, presuntamente incorrectos", atribuibles a Villanueva, lanza la hipótesis de que el alquiler y la compra "parten de la decisión personal del consejero", planteamiento que, como así apostilla, "peca de absoluta indeterminación y adolece

de orfandad probatoria", sin olvidar, insiste, que "el mero impulso político de unas iniciativas de alquiler o de compra de un edificio para agrupar sedes dispersas, con previos informes y acuerdos favorables, no es una acción delictiva".

INVESTIGACIÓN "PROSPECTIVA"

En su auto, la defensa de Villanueva también alude al escrito de la Fiscalía de Valladolid en el que, amén de imputarle delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, no descarta igualmente la comisión de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales.

En este sentido, y a tenor de estos dos últimos delitos que no se le imputan formalmente, el ex consejero sostiene que las pruebas propuestas y admitidas, tendentes a la averiguación patrimonial tanto de él como de sus familiares y allegados, "violentan la doctrina constitucional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por constituir una investigación prospectiva".

El auto recurrido por Villanueva le emplazó a declarar el 27 de noviembre, en calidad de investigado, no sólo para aclarar su participación en la operación de compra de 'La Perla Negra' sino también la compra de terrenos para el fallido polígono de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, trámites estos dos últimos que también están siendo objeto de investigación judicial.