Exconcejal de Urbanismo de Granada declara este lunes como investigada por el caso de la Casa Ágreda

Nieto cerrará una ronda de declaraciones que abrió el pasado 29 de septiembre el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), quien negó "irregularidades" en el expediente por el que se adjudicó el inmueble a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

En la misma línea se han pronunciado ante el juez el exdirector técnico de obras municipales, Manuel Lorente --que defendió la legalidad de la tasación que hizo de este palacio declarado BIC-- y otro funcionario de Urbanismo cuya declaración se centró en el proceso administrativo seguido en la operación.

Desde la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo negaron el posible tráfico de influencias al que apunta la Fiscalía y defendieron un expediente hecho "a la perfección", enmarcando la causa en un "enfrentamiento entre partidos".

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca --hoy alcalde--, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Todos ellos acusaron al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia --a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto--, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.

Para la Fiscalía, en este caso puede existir un posible delito de tráfico de influencias, al considerar que el alcalde pudo ejercer "presión" para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales se beneficiaron del proceso (Francisco Ledesma y Fernando Egea), que viajaron a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE "con todos los gastos pagados", justo después de la 'luz verde' a la adjudicación.

También cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Juntas de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015, y ve posible malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las "arcas municipales".

Por ello, formuló denuncia contra siete personas --el exalcalde, la concejal de Urbanismo, Manuel Lorente, la interventora adjunta del Ayuntamiento, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, y el funcionario que redactó el pliego de condiciones-- y además contra los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local puestas en cuestión.