El Estatuto de Murcia será el tercero que reciba el Congreso esta legislatura, con el valenciano y el canario atascados

La reforma del Estatuto de Murcia para eliminar el aforamiento de los políticos será el tercer proyecto de este tipo que reciba el Congreso en la legislatura, porque ya están en tramitación, y atascadas en la Comisión Constitucional, las reformas estatutarias de la Comunidad Valenciana y Canarias. Esta última, también elimina esta prerrogativa para los parlamentarios autonómicos.

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos que este sábado ha dado la presidencia del Gobierno en Murcia a Fernando López Mira incluye la reforma del Estatuto de Autonomía para terminar con el aforamiento de los miembros del Ejecutivo y de los diputados autonómicos.

La reforma salió el miércoles del parlamento regional, tiene que ser aprobada en las Cortes y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, por lo que si se aprueba en la actual legislatura autonómica será aplicable a los miembros del gobierno y a los actuales diputados: sólo tendrán inmunidad por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Para el resto de asuntos, podrán ser investigados y juzgados por tribunales ordinarios.

Uno de esos diputados es Pedro Antonio Sánchez, investigado en dos causas judiciales, la Púnica y el 'caso Auditorio', que se siguen en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia porque Sánchez mantiene todavía ese aforamiento. Está por ver si la reforma del estatuto llegará a tiempo para que los casos vuelvan a los tribunales ordinarios, en el supuesto de que Sánchez siga implicado en ellos.

UN PROCESO DE MESES

El proyecto fue aprobado el miércoles en la Asamblea de Murcia y contiene un sólo artículo, en el que se reforman a su vez dos del Estatuto (el 25 y el 33). La iniciativa ha sido enviada al Congreso y tendrá que ser admitida a trámite en un próximo Pleno, en el que será defendida por tres ponentes elegidos por la Asamblea: el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, el de Ciudadanos, Miguel Sánchez, y el viceportavoz socialista, Joaquín López.

La ley pasará después a la Comisión Constitucional, donde otras dos reformas estatutarias esperan desde hace meses ver la luz y arrastran una ampliación tras otra del plazo de enmiendas, sin que los grupos afronten el debate de una vez: los estatutos de la Comunidad Valenciana y de Canarias. A ellos se sumará la ley murciana, aunque podría adelantar a las otras dos y ser aprobada antes.

La reforma valenciana incluye la famosa 'cláusula Camps' en el Estatuto, una previsión de inversiones por parte del Estado en esta Comunidad. Pero sobre todo tiene la peculiaridad de haber llegado seis veces al Congreso.

En cuatro de ellas no tuvo éxito y fue retirada del orden del día por decisión de sus propios autores, por diversas razones, y en las dos últimas no pudo ser tramitada al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones. Por fin el pasado octubre, a la séptima ocasión, consiguió superar el Pleno y llegar a la Comisión Constitucional.

TAMBIÉN CANARIAS ACABA CON EL AFORAMIENTO

La reforma estatutaria de Murcia es fruto de un compromiso político del PP con Ciudadanos y la de Canarias, también del PP con Coalición Canaria. Si la primera permite a los 'populares' mantener el Gobierno de la Región, aunque con otro presidente, la segunda se aceptó para sumar el apoyo de los nacionalistas a la investidura de Mariano Rajoy y a los Presupuestos del Estado para 2017.

Se trata de una reforma integral de la norma autonómica y recoge también el final del aforamiento general para los parlamentarios canarios. Al igual que la iniciativa de Murcia, limita la inviolabilidad de estos políticos a las cosas que digan y voten en el ejercicio de sus funciones.

Por lo demás, recoge el Régimen Especial Fiscal del archipiélago para 'anclarlo' constitucionalmente, y aclara y refuerza las singularidades canarias, con un estatus fiscal y económico específico y un tratamiento particular en la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), derivado de los sobrecostes que generan la lejanía y la fragmentación geográfica.

Además, el nuevo Estatuto permitirá al presidente del Gobierno canario disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, aparte de que podrá elaborar decretos ley en caso de urgente necesidad. Incluye la reforma del sistema electoral canario con la bajada de los topes electorales --el insular del 30% al 15% y el regional del 6% al 3%-- y la creación de una circunscripción electoral complementaria.