La reforma del Estatuto canario vuelve este jueves al Congreso pendiente de la ley electoral del Parlamento regional

Tras una primera toma de contacto la semana pasada, en la que se aprobaron por unanimidad los 60 artículos del nuevo texto en los que no había planteadas enmiendas, la ponencia abordará este jueves el debate de los cambios que plantean los partidos al texto aprobado en 2015 en el Parlamento regional. Algunas formaciones, como Podemos y Ciudadanos (Cs) condicionan su apoyo al Estatuto a la aprobación --o su inclusión en el texto estatutario-- de una ley electoral propia.

El nuevo Estatuto, que salió adelante en Canarias con los votos de Coalición Canaria (CC) y PSOE, la abstención de Nueva Canarias y el rechazo del PP, cuenta ahora con el apoyo de los 'populares' tras el acuerdo con CC para la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

No obstante, Podemos y Cs, que no tenían representación en la Cámara insular cuando se debatió el texto --Cs sigue sin contar con parlamentarios en Canarias--, comparten la petición de una ley electoral propia y "justa" para dar su apoyo al Estatuto. Eso sí, todos los partidos presentes en la ponencia coinciden en la intención de no volver a repetir lo sucedido en 2007, cuando se estancó la reforma de la máxima ley canaria principalmente por las discrepancias en torno a la modificación del sistema electoral.

ACUERDO EN LAS ISLAS SIN CC

Precisamente, la ley electoral del archipiélago parece 'a priori' el principal punto de desencuentro que deben salvar los partidos para sacar adelante el nuevo Estatuto. El Parlamento canario tiene abierta una ponencia para la aprobación de la ley electoral donde se ha alcanzado ya un principio de acuerdo entre PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, al que CC, de momento, no se ha sumado.

En el Congreso todos admiten que si finalmente se logra cerrar un acuerdo en la Cámara insular, se allanará mucho el camino para que la reforma estatutaria vea la luz en las Cortes. En cualquier caso, coinciden en que si las conversaciones en Canarias no llegan a buen puerto habrá que poner todo el empeño en conseguir un acuerdo en el texto estatutario.

Tras la reunión del pasado jueves, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, comentó que si finalmente no se alcanza un consenso en Canarias, su formación "peleará hasta las últimas consecuencias" para que la reforma electoral se incluya en el Estatuto. Por su parte, Ana Oramas, de CC, rehusó avanzar la posición de su partido y remitió a las conversaciones que tienen lugar en las islas.

Desde Unidos Podemos, la diputada Meri Pita señaló que la ley electoral es "una piedra angular" de la política de Canarias que requiere una modificación para poner fin al actual régimen "pseudodemocrático", pero avisó de que no puede hacerse "a lo gatopardo".

En nombre del PP Carmen Rodríguez Bento mostró su confianza en que se alcance un acuerdo en las Islas en torno a una reforma electoral que es "necesaria" y garantizó que su partido trabajará "hasta el último minuto" en favor de una modificación. En este punto, llamó a CC a decidir qué postura va a tomar en torno a esta reforma teniendo en cuenta las diferentes posiciones en la coalición.

DE CARA A LOS COMICIOS DE 2019

Por último, el parlamentario de Ciudadanos Saúl Ramírez aseguró que aunque no tienen representación en el Parlamento canario y su partido no ha sido invitado al documento de conclusiones sobre la reforma electoral que se negocia en el archipiélago, su formación no perderá la oportunidad de reivindicar en el Congreso una ley electoral "justa y más proporcional" ante los próximos comicios autonómicos de 2019.

En esta línea, la también diputada 'naranja' Melisa Rodríguez acusó en diciembre a CC de tratar de evitar que la ley electoral canaria se debata en la ponencia del Congreso para que el posible acuerdo salga del Parlamento canario, donde CC gobierna con apoyo del PP.

Según explicó en diciembre el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, la idea es que la ponencia remita un informe en la primera quincena de febrero a esta Comisión, encargada de tramitar los estatutos de autonomía, para que esta debata su contenido en la segunda quincena de febrero y después lo envíe al Pleno del Congreso y, finalmente, pase al Senado. El cumplimiento de estos plazos dependerá de la celeridad en el debate de las enmiendas.