Los magistrados López y Espejel, recusados también para el juicio por la 'caja B' del PP

Ambos magistrados forman igualmente parte del tribunal designado para juzgar el "caso Gürtel", causa en la que también está pendiente que se resuelva el incidente de recusación presentado contra ellos por otras dos acusaciones, el PSOE y la AsociaCión de juristas progresistas ADADE.

En su escrito la asociación aduce que la trascendencia mediática que ha alcanzado el caso exige la mayor transparencia posible en su enjuiciamiento, "sin que pueda caber duda" de la imparcialidad de los magistrados designados para la celebración del juicio.

Por ello, y dada la "cercanía pública y manifiesta" tanto de López como de Espejel al PP, cuyos extesoreros estarán sentados en el banquillo, esta asociación considera que ambos magistrados no reúnen los requisitos de transparencia exigida y deben apartarse. Se da la circunstancia de que López será el ponente de la sentencia que deba dictarse -al igual que ocurre con el 'caso Gürtel' - y que Espejel presidirá las dos vistas.

VÍNCULOS CON EL PP

Tras repasar de forma prolija la jurisprudencia y la la normativa aplicable al caso, DESC concreta las sospechas que recaen sobre cada uno de los magistrados, y de Espejel destaca que fue designada vocal del Consejo General del Poder Judicicial (CGPJ) a instancias del PP y que recibió la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort de mano de la propia secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, que es además su amiga personal y le dedicó para la ocasión unas emotivas palabras y se dirigió a ella como "Concha".

La asociación se pregunta qué pasaría si, por ejemplo, Espejel debe decidir durante el juicio sobre preguntas comprometedoras que puedan realizarse a Cospedal como testigo y añade también que esta magistrada fue la que sentó en el banquillo a dirigenes socialistas de Guadalajara por el trágico incendio que tuvo lugar en 2005.

Sobre López, además de su designación tén su intervención en la Conferencia Política del partido en 2006, así como su elección como magistrado del Tribunal Constitucional a instancias de este partido, puesto del que dimitió tras dar positivo en un test de alcoholemia. Igualmente, el escrito destaca su vinculación con FAES.

Se refiere también DESC al hecho de que una hermana de López esté casada con el empresario Miguel Hernán, número dos del holding presidido por José Luis Ulibarri, imputado en "Gürtel".

Finalmente, la asociación señala que no cuestiona la "idoneidad técnica"de ambos magistrados pero sí las circunstancias que hacen peligrar la necesaria "separación de poderes", y advierte que tampoco parece correcto que los dos se encarguen también del caso"Gürtel", lo que les puede condicionar a la hora de afrontar este caso.

COMPARECENCIAS DE COSPEDAL Y TRLLO

Entre las pruebas a practicar para resolver este incidente de recusación DESC pide el interrogatorio de los magistrados y las comparecencias como testigos de Cospedal y del que fuera ministro y cargo del PP Federico Trillo.

La elección del tribunal, que se ha realizado siguiendo el sistema de reparto de la Audiencia Nacional, también determina que el tercer miembro de la Sala será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.

López será ponente de las dos sentencias porque le corresponden los procedimientos cuyos rollos de sala acaban en cinco, como es el caso de la pieza sobre la contabilidad B del PP, y en seis, correspondiente a la causa en la que se investigan la primera época de actividades de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

CINCO ACUSADOS

En el banquillo de los acusados se sentarán los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que se enfrentan a sendas penas de cinco años de cárcel; el exgerente del PP Cristóbal Páez (un año y medio); y los socios del estudio de arquitectura Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García (3 años y diez meses).

El juez De la Mata estableció en mayo pasado una fianza de 1,2 millones de euros para el PP, que responderá en el juicio como responsable civil subsidiario de los delitos supuestamente cometidos por sus antiguos tesoreros.

En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede de la formación en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.