Torres-Dulce pide al fiscal jefe de la Audiencia un informe sobre los trenes del 11-M

El fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce ha encargado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la elaboración de un informe sobre los restos de los trenes de cercanías de Madrid objeto de los atentados del 11 de marzo de 2004, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

Torres-Dulce ha solicitado un compendio de la documentación referente a los vagones recabada a lo largo de la instrucción y que consta en los distintos sumarios abiertos a raíz del 11-M, ya sea referente al destino de los restos -su conservación o desguace- o a la cadena de custodia a la que se sometió a los mismos.

El informe deberá incluir también las referencias a los trenes reflejadas en las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dictadas tras los atentados.

En un desayuno informativo celebrado el pasado 2 de marzo Torres-Dulce reveló que había ordenado al fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, que abriera "diligencias de investigación" sobre los "restos ferroviarios" del 11-M para determinar si su hallazgo podría haber supuesto "un delito de obstrucción a la Administración de Justicia".

El objetivo de estas diligencias, que se adoptaron a partir de las "informaciones periodísticas" que habían sido publicadas sobre este asunto, era el de "investigar la existencia y custodia" de los restos e indagar "si existe alguna investigación en relación con los mismos".

"Si se estuviera investigando en un proceso, archivaríamos las diligencias de investigación y actuaríamos diligentemente en la causa en la que estuviera investigando esa actividad. De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización", explicó Torres-Dulce, que recalcó que tomó esta decisión sin pedir ningún informe policial.

Diez días después el fiscal general del Estado señaló que ni la Fiscalía "ni nadie" pretendían "reabrir el sumario del 11-M", ya que, según afirmó, "la verdad jurídica está contenida en la sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo".

Tras la apertura de las diligencias la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que precintara el almacén en el que fueron encontrados los restos