ETA pedía garantías de seguridad para la entrega de armas y el Gobierno vasco que fuese "incondicional y no público"

El antiguo jefe de ETA David Pla trasladó, en unas aportaciones por escrito remitidas al Foro Social Permanente previas al acto anunciado como de desarme del 8 de abril de 2017, que se debían dar garantías de seguridad para los participantes en el marco de un acuerdo global de resolución de lo que los terroristas llaman las consecuencias del conflicto, entre las que citan la situación de los presos.

Por su parte, el Gobierno vasco exigía un desarme incondicional, con calendario "definitivo", y la entrega "de un modo no público", de un "inventario" y la "geolocalización de zulos quemados".

Estas reflexiones forman parte de las aportaciones que, por escrito, hizo llegar al Foro Social Permanente y que se incluyen en un informe confidencial que elaboró dirigido a la Comisión Internacional de Verificación. Ahora ha hecho público algunos fragmentos y se hayan incluido en el libro del periodista Enekoitz Esnaola titulado 'Luhuso. ETAren armagabetze zibilaren kontakizuna'.

El informe confidencial, fechado el 20 de octubre de 2016, fue entregado ese mismo día a la Comisión Internacional de Verificación en una reunión en París y al Grupo Internacional de Contacto el 21 de octubre en Bilbao.

En el texto, titulado "Implementación de las conclusiones con agentes institucionales, políticos y sociales", se recogen las conclusiones del III Foro Social celebrado el 30 de enero de 2016 en Gernika, con las intervenciones de algunos de sus ponentes como Alberto Spektorowsky, miembro del Grupo Internacional de Contacto o el responsable de este grupo, Brian Currin.

Asimismo, el Foro Social comunica a la Comisión Internacional de Verificación la fase de interlocución que abrió con distintos agentes. En concreto, detalla las reuniones mantenidas con el lehendakari, Iñigo Urkullu, con la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, con miembros del Parlamento navarro, con PNV, Podemos, EH Bildu, Sortu, PSE-EE y Ezker Anitza en Euskadi y con Geroa Bai, Podemos, EH BIldu, Izquierda-Ezkerra y PSE-EE en Navarra.

El Foro Social también trasladó a la CIV que había solicitado una reunión con el interlocutor de ETA David Pla, pero que, a la espera del permiso pertinente por parte de la administración judicial, les había remitido unas reflexiones por escrito.

En el informe, se adjuntan las aportaciones escritas tanto de David Pla como del Gobierno vasco y de Sortu, y se detallan los acuerdos y disensos que detectan tras las reuniones mantenidas y las reflexiones que han recibido por escrito.

APORTACIÓN DE DAVID PLA

En la aportación de David Pla, expresa el objetivo de ETA de abrir caminos que, entre todos, permitan "avanzar en la resolución del conflicto, defendía actuar "sin prisas y ansiedades" porque consideraba que "más que el factor tiempo", lo fundamental era "cimentar sobre bases sólidas".

En este sentido, trasladaba su preocupación por la tendencia a situar el desarme "bajo la presión del calendario". "Se habla de la necesidad de acelerarlo o de plazos a cumplir sin tener en cuenta las condiciones existentes para llevarlo a cabo; y lo que es peor, esto se hace lejos de adoptar compromiso alguno para asegurar las condiciones necesarias", indicaba Pla, que, según apuntada, eso era lo que ocurría, por ejemplo, con las propuestas realizadas por el Gobierno Vasco.

En su reflexión, ETA se mostraba conforme con que, "ante el bloqueo impuesto por los Estados a la resolución del conflicto", se llegaran a "acuerdos en Euskal Herria" y se elaborara un plan de avance.

En la aportación realizada por Pla, lamentaba la falta de una "referencia acordada que ilusione y movilice a la sociedad vasca" y la "falta de cohesión" entre las dinámicas de diferentes actores sobre la resolución del conflicto.

"Creemos que todos debiéramos reflexionar y en consecuencia, realizar un intento serio con el objetivo de alcanzar un acuerdo como pueblo. Particularmente en un momento en el que los enemigos de la paz están imponiendo y desarrollando una agenda saboteadora: las agresiones contra el proceso de sellado, las vulneraciones constantes a los derechos de los presos políticos vascos", señalaba.

Pla precisaba que en ese contexto se situaba el llamamiento de ETA a todos los agentes a alcanzar un acuerdo, lo que incluía la disposición a realizar "un diseño compartido para el desarme".

Asimismo, defendía que un acuerdo global de resolución integral de las consecuencias del conflicto aportaría "solidez al desarme". A su juicio, además de darle "dimensión política, ayudaría a construir la confianza necesaria para cualquier espacio de colaboración".

"Es evidente que no es fácil encontrar un espacio de colaboración en este tema cuando en aspectos muy importantes y sensibles en lo que se refiere a la resolución del conflicto (en la cuestión de los presos políticos vascos, por ejemplo) todavía existe una confrontación abierta entre nosotros", señalaba.

Pla apuntaba que, para que el desarme fuera viable, había que crear unas "condiciones básicas" y manifestaba que, tanto si los Estados tomaban parte de manera directa como si no, había que garantizar que "el proceso de desarme se dé con las condiciones mínimas de seguridad para los participantes", ya que ese había sido el "principal obstáculo" hasta la fecha. Por ello, indicaba que la propuesta realizada no daba "solución a este tema.

Asimismo, destacaba la importancia de que se mostrara el compromiso de los distintos agentes con el proceso del desarme para "empezar a condicionar la actitud de los Estados". De cara a ese desarme, ETA indicaba que daría por buena la participación de un grupo de carácter internacional que tuviera la responsabilidad de verificar el desarme y el seguimiento del mismo. También consideraba importante la participación de las instituciones vascas para dar "seguridad institucional al proceso".

GOBIERNO VASCO

En sus aportaciones, el Gobierno vasco recordaba la vigencia de su propuesta de desarme, realizada el 21 de diciembre de 2014, así como su disposición a "colaborar o incluso a coliderar un esfuerzo internacional en materia de desarme, para su carpetazo definitivo".También rechazaba su participación en "operaciones diseñadas para su comunicación o dosificación a plazos".

El Gabinete Urkullu planteaba la necesidad de cuatro "garantías" ante "el tiempo pasado y las malas experiencias", en concreto, el carácter "incondicional del desarme", un calendario "definitivo", la aportación de un "inventario" y la entrega de la "geolocalización de zulos quemados".

Por ello, y para articular "una colaboración social, internacional e institucional", exigía de ETA "un compromiso explícito de desarme de carácter total, definitivo, irreversible e incondicional" como expresión de "su voluntad de desaparición", el compromiso de abordar el desarme "en un calendario no superior a un año" además de la verificación de un Comité de Desarme compuesto por la CIV, el Foro y otros agentes institucionales "de fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca "que deseen sumarse al proceso".

De forma paralela, pedía que "de un modo no público" ETA entregara a alguno de los integrantes del Comité de Desarme "un inventario" y la "geolocalización de los zulos que consideraban quemados".

Posteriormente y, sobre esta base, "se podría constituir formalmente el Comité de Desarme con los integrantes apuntados, que gestionaría con ETA "el método de verificación del desarme previamente acordado".

En sus aportaciones, Sortu criticaba la "estrategia de intervención de los gobiernos español y francés de absoluta beligerancia" frente a "la actuación a todas luces constructiva" de ETA, y censuraba la "actuación cicatera" del Ejecutivo vasco "ante todo lo relacionado con el desarme tras el inicio del sellado de arsenales".