El juicio de los ERE continúa este lunes con la declaración de Magdalena Álvarez

La declaración de Álvarez, titular de Economía y Hacienda entre agosto de 1994 y febrero de 2004, abrirá la undécima sesión del juicio a las 10,00 horas de este lunes. Una vez concluida la prueba, está previsto que sea interrogado José Salgueiro, quien entre 1990 y febrero de 2004 fue viceconsejero de Hacienda.

De esta manera continúan los interrogatorios a los investigados, que comenzaron el pasado lunes con el del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que se prolongó hasta la sesión de mañana del miércoles, tras la lectura de las actas de sus declaraciones ante la Policía Nacional, ante la Guardia Civil por dos veces y ante la juez Mercedes Alaya, quien iniciará la investigación de los ERE.

Además, se visionó la declaración que Guerrero realizó, a iniciativa propia, ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en octubre de 2015.

Tras el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, el miércoles declaró el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, quienes sólo respondieron a preguntas del Ministerio Público y de su defensa.

"NUNCA" HA HABLADO DE FONDO DE REPTILES

El ex director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero no ratificó sus declaraciones ante la Policía Nacional, Guardia Civil y Alaya porque cuando las hizo tenía una "tremenda presión mediática y de la policía" para que declarara.

Sin embargo, ratificó con "una salvedad" la realizada ante la magistrada María Núñez Bolaños en fase de instrucción. En la sesión del miércoles y a preguntas de su abogado, Guerrero afirmó que "nunca" ha hablado de 'fondos de reptiles', aclarando que no podía hacerlo cuando tenía "una partida presupuestaria --22E y 31L-- con memoria, dotación para un fin concreto y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía". "Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados", insistió.

Guerrero resaltó que siempre trabajó "con la legalidad" y señaló que las ayudas sociolaborales a extrabajadores de empresas en procesos de reconversión o en crisis, o a trabajadores con pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral, o las ayudas directas a empresas con planes de reestructuración se otorgaban bajo el amparo de la Orden ministerial de 1995.

En este contexto, ha indicado que el convenio marco firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posterior agencia IDEA-- y la Consejería de Empleo --siendo consejero José Antonio Viera-- en 2001 "marcaba la forma de gestión de estas ayudas".

Sobre la presencia de intrusos en los expedientes, Guerrero precisó que si había era por "ahorro administrativo" de las compañías aseguradoras, que nombraban los expedientes "con el nombre de la empresa a la que pertenecían la mayoría de trabajadores beneficiarios" e incluían los pertenecientes a otras sociedades o a trabajadores con ayudas individuales.

"No son intrusos, sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos como los 20 o 30 trabajadores que habían salido de la empresa" que daba nombre a la póliza, subrayó.

"HONESTIDAD" DE LOS GOBIERNOS DE LA JUNTA

De otro lado, Guerrero defendió la "honestidad" de los miembros de los gobiernos de la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo. "Los gobiernos de la Junta han sido honestos en su trabajo y conscientes de la realidad andaluza", ha reiterado.

Guerrero negó "imposiciones" de José Antonio Viera, que "sólo se preocupaba de los problemas que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía" y aclaró que en la reunión que mantuvo en 2005 en la sede de la Consejería de Hacienda a la que asistieron, como declaró en la fase de instrucción, tanto él como el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la por entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa, no estaba éste último.

Esta reunión, según Guerrero, se convocó por Barberá, quien dijo en su declaración que nunca existió tal encuentro, tras el informe de la Intervención General elaborado en 2005 en relación al ejercicio 2003 de la agencia IDEA. Tras la misma la conclusión de Martínez Aguayo fue que "se siguiera con el procedimiento --de concesión de ayudas-- tal y como se estaba llevando a cabo, nos levantamos y nos fuimos".

Por su parte Viera, exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, defendió en su declaración ante el tribunal, que preside el magistrado Juan Antonio Calle Peña, el convenio marco promovido en 2001 para que el entonces Instituto de Fomento de Andalucía asumiese la tramitación y pago de las ayudas sociolaborales y las subvenciones a empresas, que firmó por su "absoluta apariencia de legalidad".

"Traía el visto bueno de todos los centros directivos" de la Consejería, enfatizó, asegurando que firmó dicho convenio por su "absoluta apariencia de legalidad" y esgrimiendo que "en ese momento" desconocía la regulación estatal específica que pesaba sobre ese tipo de subvenciones.

De otro lado, expuso que con las ayudas sociolaborales "individuales" se pretendía resolver los "dramas personales" de los trabajadores afectados por las crisis de ciertas empresas y sectores en Andalucía.

Aseguró que hace 14 años que dejó de ser consejero y no recuerda que nadie le trasladase "una situación de alarma" por supuestas faltas de liquidez en el IFA o "reparos o discrepancias" directas de la Intervención por la actividad de dicho organismo.

Además, Viera expuso que su papel era "fundamentalmente político" y no de carácter "gestor". En esa línea, ha manifestado que tenía "una idea general" de la fiscalización implantada en la Administración andaluza pero no conocía "al detalle" los procedimientos relativos al IFA.

EL SISTEMA DE AYUDAS ERA CONOCIDO POR EL PARLAMENTO

En su declaración, Agustín Barberá aseguró que "toda Andalucía" conocía que la Dirección General de Trabajo firmaba pólizas de renta colectivas para dar las citadas ayudas. "Lo conocía el Parlamento", añadió, al tiempo que indicó que en la Comisión de Empleo de la Cámara autonómica era "muy, muy, muy frecuente hablar de los conflictos laborales de la comunidad y que los parlamentarios reclamasen ayudas para las prejubilaciones para sus provincias".

"Las primas de las pólizas eran públicas y notorias", ha afirmado, y a la pregunta del Ministerio Público sobre si era inescindible el pago de las pólizas para la concesión de ayudas, insistió en que "no se puede acceder a las ayudas a la prejubilación sino es mediante las pólizas".

PROTESTAS DE LA DEFENSA

Durante el interrogatorio del fiscal y a preguntas sobre ayudas concretas, la defensa de Viera, la letrada Candela Estévez, protestó porque estas cuestiones eran sobre ayudas que se investigan en las piezas separadas de los ERE.

En este sentido, el presidente del tribunal explicó que las ayudas no son objeto de enjuiciamiento en este procedimiento, pero si para explicar algunos hechos enjuiciados en este proceso es necesario realizar preguntas puntuales sobre estas ayudas, se permitirán.