La juez Alaya dicta libertad bajo fianza para el exdirector de Trabajo andaluz, Francisco Javier Guerrero

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha dejado en libertad bajo fianza de 250.000 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se encuentra encarcelado en Sevilla-I desde el pasado día 10 de marzo. La decisión de la juez se produce el mismo día en que la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en libertad bajo fianza de 450.000 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, todo ello tras haber decidido, además, dejar en libertad con fianza de 150.000 euros al exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.

En un auto dictado este mismo jueves, la juez Mercedes Alaya decreta de oficio la libertad de Guerrero, en primer lugar, "por elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes, presuntamente corresponsables de los hechos que se investigan", todo ello tras el auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en el que decreta la libertad bajo fianza de 450.000 euros del exconsejero de Empleo de la Junta, "bajo cuyas órdenes estuvo" el propio Guerrero.

En segundo lugar, la magistrada dice que Guerrero "lleva privado de libertad varios meses, y aunque existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día, debe reconocerse que, en comparación" con los responsables de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo que han declarado con posterioridad, las aportaciones de Guerrero "han sido las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa, sobre la indiciaria falta de control de estas ayudas públicas, sobre la indiciaria ausencia de cualquier procedimiento, sobre el presunto desprecio a la normativa legalmente aplicable, y sobre que las mismas giraban presuntamente, ya fueran ayudas colectivas, a empresas o individuales, en torno a personas próximas a los sindicatos, al PSOE y a la Junta".

La prisión "no debe mantenerse sine die"

La juez dice que "esta situación en conjunto, debe ser valorada, pues de un lado debe imponérsele los mecanismos necesarios para asegurar que no va a tratar de eludir la acción de la justicia, pero tampoco debe mantenerse 'sine díe', como desde el inicio era pensamiento de esta instructora, la situación de prisión provisional" de Guerrero, "aunque en el momento en el que se adoptó, tal y como ocurrió en el caso de Fernández, se consideraba una medida necesaria porque cumplía los fines constitucionalmente legítimos expresados en el auto de prisión y porque era adecuada a la instrucción de la causa y a su no entorpecimiento".

Así, "y una vez que estos riesgos disminuyen por el avance o desarrollo de la investigación, debe aminorarse la intensidad de la medida con la fijación de una fianza, entre otras cautelas", asevera la magistrada, que argumenta que para determinar la calidad y cantidad de la fianza "se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado, y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial".

Al hilo de ello, señala que, por un lado, "hay que ponderar la especial gravedad de los hechos imputados, que por sí solos determinarían un evidente interés en sustraerse a la acción de la justicia, y de otra, la situación económica en la que suponemos (por el conocimiento que se tiene de la causa) puede encontrarse Guerrero, pues si solamente atendiéramos a la gravedad de los hechos, la fianza señalada podría hacer ilusoria la probabilidad de su puesta en libertad".

Fernández "posee un mayor apoyo social"

"Como quiera que entendemos que la situación económica de aquel no debe ser importante, y no es desde luego la misma de la que pueda disfrutar Fernández, por lo que resulta de la toma de declaraciones de ambos y de las propias actuaciones, incluso de lo que se evidencia de los respectivos letrados que les asisten, siendo patente que Fernández posee sin lugar a dudas, por lo que se vislumbra de la presente instrucción, de un mayor apoyo social (dicho esto en términos globales), entendemos que la fianza proporcionada a todas las circunstancias que se han valorado debe fijarse" en 250.000 euros, agrega la magistrada.

Además de la fianza de 250.000 euros en metálico, determina que comparezca ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla todos los lunes "en horas de audiencia" y cada vez que fuera llamado, mientras que le prohíbe abandonar España y acuerda que se le retire el DNI y el pasaporte.

La magistrada envió a prisión a Guerrero el pasado día 10 de marzo imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

El auto de prisión

Tras ello, el abogado del imputado pidió la libertad de su patrocinado, pero la juez rechazó dicha petición argumentando que si lo dejara en libertad podría darse a la fuga y, de esta manera, "beneficiar" a "otros personajes de esta gran trama" por los que todavía no ha sido interrogado.

En el auto de prisión, la juez Mercedes Alaya concluyó que Guerrero concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas".