Díaz Ferrán y Ángel de Cabo piden que se eliminen o rebajen sus fianzas

En la Audiencia Nacional constaba este viernes el recurso de uno de los supuestos testaferros, Carmelo José Estéllez, según han informado fuentes jurídicas, a quien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 exige 500.000 euros para poder salir de prisión.

No obstante, fuentes de la defensa consultadas por Europa Press han señalado que todos los imputados tienen previsto recurrir en reforma y apelación las medidas cautelares, entre las que se encuentran la imposición de las fianzas más altas de la historia penal Española.

Velasco ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 50 millones de euro al actual propietario del Grupo Marsans, Ángel de Cabo, al que acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. Para Díaz Ferrán y para el mano derecha de De Cabo, Iván Losada, la fianza impuesta fue de 30 millones de euros.

El resto de fianzas son 500.000 euros que deberán pagar si quieren evitar la cárcel el cuñado de Cabo, Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano.

A la secretaria de De Cabo, Susana Mora, se le impusieron 3.000 euros de fianza que ésta depositó el mismo miércoles, evitando así su ingreso en prisión. El único para quien Velasco no adoptó esta medida fue el experto fiscal Tormo, quien si embargo no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.

De Cabo es el dueño de la empresa Posibilitum, a la que se investiga por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos.

Iván Losada también es el actual administrador de Nueva Rumasa, que el entramado adquirió a la familia Ruíz Mateos cuando se declaró en concurso de acreedores.

El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir su patrimonio a paraísos fiscales y ocultar la propiedad de sus bienes, entre ellos un yate y dos pisos de lujo en Nueva York, con la intención de no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.