Detenidos dos sindicalistas y un alto cargo de la Diputación de Sevilla en el caso de los ERE

Fuentes de la investigación han informado de que esta detención se ha llevado a cabo dentro de la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo y en la se que investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Además de Enrique Rodríguez, que ya ha sido cesado de su cargo en la Diputación sevillana, ha sido arrestada otra persona reclacionada con el PSOE de Cádiz.

Otro de los detenidos es Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía. En el marco de la operación también se está registrando el domicilio particular de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, que ya fue imputado por el juez Alaya en la causa.

El cuarto de los arrestados hoy es Salvador Mera, secretario provincial de UGT-Cádiz. Además, hay otros cuatro detenidos, 45 imputados y se han practicado nueve registrso en oficionas y viviendas, no solo de Andalucía, sino también en Madrid y Barcelona.

Se ha registrado el domicilio del citado Enrique Rodríguez; el restaurante Río Grande de Sevilla capital --que presentó un ERE con 'intrusos' en el año 2005 que está siendo investigado por Alaya--, y la casa de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de la Sierra Morena en la Sierra Norte de Sevilla, que también se investiga en la causa.

En la primera fase de esta operación fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel.

Estas nuevas detenciones coinciden con la declaración como imputada de la socialista Magdalena Álvarez. La juez considera que Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, fue quien "dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de fecha 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001.